EDITORIAL Nº 210 SEPTIEMBRE DE 2012
El escabroso tema de “la
distribución del ingreso” es el caballito de batalla de Montescos y
Capuletos, de políticos bien intencionados en oposición a políticos mal
intencionados. Claro está que no transitamos el siglo XVI, aunque en algunos
aspectos la disputa ideológica-mediática ha retrocedido hasta épocas impensadas
de los tiempos.
Introduciéndonos en el tema, en principio surgen dos
preguntas puntuales: ¿cuál es el ingreso
del que se trata? y ¿cómo se compone
el actual cuadro distributivo?
Allí es donde aparece el primer obstáculo y la primera
gran confrontación entre los que acumulan riqueza por un lado, y los que pugnan
por una distribución más equitativa por el otro. Se trata de un problema crucial
no resuelto a lo largo de aquel siglo XVI, y de mucho antes todavía, tal vez
desde el comunismo primitivo que alumbró al ser humano (especie animal denominada Homo sapiens, del latín
homo=hombre, sapiens=sabio), previo al surgimiento de
las clases sociales y del estado como fenómeno de civilización.
Todo arranca desde el instante en que algunos grupos
sociales pretendieron tomar más de la naturaleza y de la efímera producción
prehistórica en detrimento del resto.
Saltando siglos llegamos al actual estado de apropiación
de bienes, que hace imperativo analizar lo justo o lo injusto de tal
distribución, de las tierras y de lo producido por la mano del hombre mediante
su trabajo. Es por cierto un tema escabroso, pero es el tema madre de todas las
demás cuestiones y que hoy nos ocupa.
De cómo se
componen los ingresos del Estado y de cómo éste los distribuye, en obras,
sueldos, jubilaciones, subsidios, prestaciones, etc. De quiénes deben y cómo
deben tributar para el sostenimiento de ese Estado.
Como primer análisis surge el IVA (Impuesto al Valor Agregado) que se tributa en todas las etapas
de la cadena productiva y de distribución en forma indirecta y que grava por igual a todos, sin
importar el patrimonio ni el lugar que ocupe en la escala social. Esto provoca una primera gran injusticia
contributiva, ya que en la perinola del azar “todos ponen” sin distinción de
categorías, jerarquías y condición social.
Es sin lugar a dudas un gravamen indirecto regresivo, más fácil de recaudar que otros directos
más específicos que apuntan a las ganancias y al patrimonio.
El problema radica entonces en el “qué hacer”: continuar con este injusto esquema contributivo o idear uno más justo en el que la imposición recaiga en las mayores ganancias
y no en el mayor consumo.
Sobre el Impuesto a
las Ganancias (anteriormente Réditos) son varias las apreciaciones. Primero,
con respecto al régimen de cuarta
categoría (trabajo personal) debe determinarse de una vez por todas un
mínimo no imponible móvil, actualizado automáticamente por el porcentual
promedio del aumento de salarios, que evite los anuales “tiras y aflojes” y
protestas de aquellos que, más aventajados en las categorías altas de los
convenios, se sientan perjudicados.
Otro tema irresuelto es el de los “sueldos y asignaciones en negro”, que es impulsado hasta por el
mismo Estado al implementar sumas “no remunerativas” en distintos convenios
homologados. Todo un despropósito que perjudica a los jubilados y activos al
momento de jubilarse. Asimismo, las tablas de progresividad se encuentran desactualizadas
desde el año 2000 (año de la debacle financiera), con lo que se produce un
achatamiento contributivo perjudicial para las categorías inferiores.
Otro de los temas a reformar son los topes máximos que en Argentina terminan en el 35%, mientras que en países
como Japón superan el 60% y EE.UU., Francia, Canadá, Holanda y Dinamarca el
50%.
Pero no todo termina allí, hay actividades injustamente
exentas como es la transferencia de acciones
y plazos fijos, que no tributan,
o el voluminoso dinero de los juegos de azar que va a parar a “manos extrañas”.
De aquellos el Estado solo recibe un 5%. Esta actividad debe nacionalizarse en
forma urgente pues enriquece a concesionarios y monopolios ligados a dicha
actividad, en detrimento de las mayorías. No deja de llamar la atención que en la
Provincia de Buenos Aires funcionen 4.000 agencias de juegos cuyos tickets
están en manos de la empresa Boldt S.A. (concesión
entregada en la época de Duhalde), que recauda por dicho servicio unos 360
millones anuales, con negocios también en la actual gestión de la Ciudad.
Por último, un dato que paraliza: en el país hay cerca de
150 mil máquinas tragamonedas que dan
una ganancia diaria de $ 1.500 cada una. Consultar a un cardiólogo antes de hacer
la cuenta del producido anual. ¿Y los casinos? ¡¡¡También chochos!!!
Entonces ¿es
necesaria una urgente reforma tributaria o no?
Hasta la
próxima
