EDITORIAL

EDITORIAL (marzo 2008 nº 160)

Si los conflictos sociales no encuentran solución orgánica pasan de la negociación a la protesta social, y es utópico pensar que ésta pueda o deba canalizarse por supuestos carriles ordenados, como por ejemplo solicitando permiso para manifestar, lo que por otro lado es ilusorio pensar que sea otorgado puntualmente.

El Gobierno nacional –que maneja la Policía– ratifica que “no reprimirá la protesta social”. En cambio, la gestión local de Macri y Cía. se enfrascó en una controversia que le suma nuevos problemas a los tantos que supo provocar en apenas dos meses de gobierno (cesantías, ABL, veto de leyes importantes, aprobadas algunas con el propio consentimiento de sus legisladores, etcétera). Promueve causas judiciales contra dirigentes responsables de no acatar las nuevas reformas contravencionales que rigen desde hace dos años, aunque, la gestión anterior nunca las aplicó. Estas reformas retrotraen la legislación, asimilándola a los tristemente célebres Edictos Policiales de la época de la dictadura, felizmente derogados.

Surge entonces una intrigante pregunta: ¿Qué ocurriría si Macri lograra el pase de la Policía Federal a la órbita local? ¿Pasaría tal vez algo parecido a lo ocurrido en Neuquén durante el mandato de Sobisch, con el asesinato del profesor Fuentealba?

La cuestión no es sencilla de resolver. Al derecho de unos de manifestar y cortar una calle para ser escuchados, surge el derecho de otros a transitar libremente. Todo se solucionaría si autoridades locales y nacionales supieran escuchar y negociar antes de que el problema estalle.

El conflicto del Casino Flotante es más que elocuente: el Ministerio de Trabajo no manifiesta voluntad de arreglo alguno para sólo 110 cesanteados que llevan más de dos meses reclamando en vano. Su acampe en Plaza de Mayo, acompañados por madres, esposas, novias e hijos, sienta un nuevo precedente. Parece nacer una nueva versión de madres en pos de justicia para sus hijos.

Sin embargo, las fuerzas represivas, Prefectura y Policía combinadas, dotadas de cascos y escudos, tal como para una batalla medieval, avanzan decididas, sólo que del otro lado habrá únicamente trabajadores desarmados ¡una desvergonzada desproporción! Aquellas jornadas marcarán una inaudita violencia en un verano caliente, más caldeado aún por esta increíble acción: 300 efectivos para contener a apenas 110 cesanteados, en patéticas escenas reflejadas por la televisión como si se tratase de una película de acción. Y esas madres les pondrán valientemente su pecho. Una foto recorrerá el mundo: una de ellas en posición de letra equis se interpondrá entre la Prefectura y sus hijos.

Es de conocimiento público que el multiempresario Cristóbal López, uno de los nuevos dueños del Casino, entre otros jugosos negocios, es un hombre allegado a la familia Kirchner. ¿Por qué se deja entonces desmadrar un conflicto de fácil solución? Puede pensarse –con sobradas razones– que el Gobierno nacional está ante un doble mensaje que dice: “Haz lo que bien digo y no lo que mal hago”. Queda claro que “su solución” es el desgaste de los cesantes.

El caso de los 2.500 despedidos del Gobierno local y el vil ataque por patotas de la UOM, en enero pasado, a 60 despedidos de la multinacional metalúrgica Dana Spicer de Grand Bourg, que la prensa no reflejó, son datos preocupantes, y se suman a conflictos y despidos de empleados públicos en La Plata, en Aerolíneas Argentinas y en otras empresas, que muestran otra cara de una misma moneda.

No vale ver grandes pajas en ojos ajenos e ignorar las propias tapándose los ojos sólo con declaraciones.

¿Volverá a la palestra el antiguo esquema de las FF.AA. fronteras adentro, propio de las noches negras de la dictadura, que la sociedad rechazó ayer y rechaza hoy?

Al perder valor adquisitivo Salarios y Jubilaciones, (agravado por el vergonzoso 7,5% otorgado a éstos últimos) las hipótesis de conflicto se adivinan en el futuro próximo y surge otra pregunta: ¿Como se abordarán?

Hasta la próxima