EDITORIAL (al N º 176 AGOSTO 09)

Tras las elecciones del 28 de marzo pasado y el peligroso incremento del accionar de las derechas más recalcitrantes del espectro político y los empresarios de los multimedios, surgen dos líneas que más que cruzadas son paralelas.

Por un lado, la autoproclamada “oposición”, que insiste en mantener y aumentar injustos privilegios con presiones sectoriales y políticas, para una mayor posición de dominio y apropiación de la riqueza. Por el otro, un gobierno que acorralado en la encerrona de aquel juego llama a un “diálogo” y “reforma política”, sin precisar con quienes y para qué. Si se trata de un parche más al sistema liberal, injusto y perimido o si realmente intenta una transformación profunda del sistema por otro más equitativo y distributivo, ¡no se sabe!

Pareciera que un nuevo vocabulario emerge a la superficie: diálogo, consenso, reforma, ¿pero qué tiene de nuevo, ¿con quienés y para qué? Acaso con los viejos personeros del caos, las derechas, las componendas y la oligarquía, sea De Narváez, Duhalde, Cobos, Solá, Carrió, Macri, la Sociedad Rural y la Unión Industrial, supuestos “ganadores” de las elecciones, que en última instancia alientan un golpe institucional de imprevisibles consecuencias. ¡Ojo, que no se pretenda utilizar al caso hondureño como experiencia piloto!

En ese caso ¿quiénes serían los “perdedores”, los trabajadores, los jubilados y los sectores que se cayeron del mapa? ¿Entrarían éstos dentro del diálogo?, ¿cómo?, ¿a través de quienes? Son demasiadas las preguntas de respuesta incierta.

Una Reforma Política, o ¿acaso una reforma económica que cambie el sistema tributario injusto como el actual?, con un IVA que graba por igual a débiles y poderosos, con tributos que no alcanzan a las grandes rentas financieras y especulativas.

Hoy la “oposición” reclama eliminar las retenciones, pero nada dice del sistema tributario.

Esta gran crisis mundial no fue desatada por los pobres, sino por los ricos, por las grandes corporaciones financieras y comerciales. Lo que sí queda clarito es que la están pagando los trabajadores y los pueblos de todo el mundo. En nuestro país se paga en parte con los fondos de la ANSES, cuando un jubilado cobra apenas $790.

Y como todo gira en torno a una misma esencia de poder, a la ofensiva reaccionaria no se le puede ofrecer diálogo; es imperativo que las fuerzas populares recuperen su lugar con una nueva ley de radiodifusión pues estamos entre una verdadera libertad de expresión y una mera libertad de empresa. Esta última incluye al grueso de los multimedios de información, apañados por la funesta Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Por todo ello es perentorio enviar al Parlamento, para su rápida aprobación, una nueva ley de radiodifusión que reemplace a la actual, vigente desde la dictadura y ligada exclusivamente al negocio de la información así como al envenenamiento de la mente de los argentinos.

Es imprescindible contar con nuevos canales de noticias que neutralicen la basura informativa de los multimedios; es necesario que se incorpore a Telesur como canal de aire y que Canal 7 se ubique a la altura de los graves acontecimientos de la actualidad.

La batalla de los medios es más que nunca prioritaria y debe encaminarse hacia una nueva forma de hacer periodismo. Uno que sea objetivo y alternativo, donde la información esté al servicio de las clases populares y de los intereses nacionales en vez de estarlo al del lucro y privilegio a que aspira la oligarquía.

No es posible continuar engañando al pueblo con lo superficial, ya que lo esencial está por encima de lo formal y trivial que aparece a simple vista, aunque sea justamente aquello que los medios se encargan de enturbiar.

Son muchos los cambios que deberán realizarse. A las reformas política e impositiva se tendrá que sumar la recuperación de las riquezas naturales y de las empresas públicas, rematadas por Menem, y mantenidas por Duhalde, junto a toda la derecha peronista, y De la Rúa, con toda la derecha radical. Por si fuera poco lo que hay, Macri llega al colmo de proponer la reprivatización de nuestra Aerolíneas Argentinas vaciada, ¡¡¡ni se puede creer, es una vergüenza!!!

A esta crisis la deben pagar los poderosos responsables que la desataron, de ninguna manera los trabajadores, ni los pequeños comerciantes, ni los profesionales. Menos aún los jubilados, que no tienen por qué prestar sus fondos de la ANSES para socorrer a las grandes compañías en problemas.

Hasta la próxima