PLAZA DE INDEPENDENCIA AL 4200

El derecho universal e irrevocable a un espacio verde

A simple vista, la plaza ubicada en la Avenida Independencia al 4200 parece un espacio verde más. Sin embargo, este predio de Boedo simboliza una experiencia colectiva atípica: se trata de la denominada “placita de los vecinos”, ya que está manejada por una asociación vecinal desde hace 24 años y devino en punto de encuentro y esparcimiento. Pero ese emprendimiento está en peligro desde septiembre de 2008 cuando el Gobierno de la Ciudad anunció que se quedaría con el terreno para instalar la sede del CGP 5.

La historia se inició en 1981 al demolerse la escuela Florentino Ameghino, que se levantaba allí. El lugar, abandonado a su suerte durante varios años terminó convirtiéndose en un baldío plagado de suciedad, hasta que los vecinos proyectaron construir una plaza, con el apoyo del Consejo Vecinal. De esta manera, en 1985 se constituyeron como la Asociación Civil de Vecinos Florentino Ameghino (AVeFA) y así, poco a poco, con el esfuerzo y el aporte económico de la gente de Boedo, el sueño de la plaza fue un hecho.

Dentro de este espacio de 100 por 50 metros funcionan una escuela de fútbol, una calesita, una cancha de bochas, un buffet y una escuela primaria para mayores. Todos los fines de semana juegan en el lugar 200 niños y adolescentes. Finalmente, en 1994 el gobierno porteño le concedió a AVeFA la tenencia precaria y gratuita del predio por veinte años con opción a renovación.

Aún así la advertencia realizada en 2008 se materializó en agosto de este año, cuando a la entidad le llegó la notificación del Decreto 623/09, que revocaba el permiso otorgado a AVeFA e intimaba a dejar el terreno en el término de treinta días. Se argumentaba que no se cumplía con la función social, recreativa, deportiva y cultural por la cual se había otorgado el permiso. La Asociación entonces presentó un recurso de amparo pidiendo la nulidad del decreto, donde defiende la finalidad de su creación, que no es otra que la de satisfacer el interés público, vistas las actividades culturales y deportivas desarrolladas en la plaza; a la vez el recurso sostiene que el Jefe de Gobierno carece de facultades para cancelar la tenencia.

La jueza Nidia Cicero hizo lugar al recurso e instó al Gobierno a que se abstuviera de ejecutar el desalojo hasta tanto se resolviera la cuestión del decreto. La titular de AVeFA, María Daniela Paredes, muestra su disgusto por la actitud de las autoridades porteñas y expresó: “Los argumentos para instalar el CGP no son muy válidos porque éste es un predio que le sale gratis a la ciudad. La Comuna 5 necesita tener un CGP y donde te lo pueden tirar, te lo tiran. Si uno quiere pensar mal, puede haber intereses inmobiliarios porque este predio vale mucha plata, se podría hacer una torre con una pileta preciosa. Esto se enmarca en la política de Macri de quedarse con todo. Se mete con un terreno concedido hasta el 2016, cuidado por los vecinos, bien, mal, con sus internas; ése es un problema nuestro, no necesitamos que nos vengan a desalojar para portarnos bien”. De todas formas, la dirigente admite algunas falencias en la administración del lugar: “Para el gobierno, en la plaza hay cosas que no están bien. Es verdad, algunas están bien, otras no. En un predio como éste es imposible tener todo perfecto de un día para el otro como pretenden las autoridades. Si no, que pongan plata, muchas cosas son mejorables pero cuesta plata que nosotros no tenemos”.

En un momento se les había ofrecido a los vecinos trasladar la escuela de fútbol a un espacio más pequeño situado en 24 de Noviembre y la autopista, pero ellos se opusieron. Desde el inicio de la disputa, AVeFA obtuvo una gran adhesión de la gente y de la Legislatura, que aprobó un proyecto de declaración de rechazo al desalojo. En tanto, en la audiencia pública del 23 de septiembre, el Gobierno se comprometió a dictar una resolución respecto al decreto en el plazo de diez días, pero luego fue solicitando sucesivas prórrogas, lo que fortaleció la posición de los vecinos. “Viendo lo que pasó en la audiencia, la postura de la jueza y lo que se viene hablando con el gobierno, el conflicto se está solucionando. Hoy por hoy tenemos un papel judicial donde la jueza le impide al gobierno tocar el predio mientras no suspenda el decreto. O sea que, de alguna forma, ya estamos cubiertos. El gobierno habrá pensado que nos íbamos a callar e iba a poder quedarse con este terreno que vale 4 millones. Nosotros no nos callamos, presentamos un amparo, hicimos un lío bárbaro. Al final, para el gobierno fue peor”, asegura tajante María Paredes. A pesar de que ahora la situación parece bajo control, los dirigentes de AVeFA expresan que no estarán totalmente tranquilos hasta que el Gobierno no tome una medida definitiva sobre la vigencia del decreto, lo cual se espera que se concrete en los próximos días.

Laura Brosio