El fallo judicial confirmó el daño a diez plazoletas de la 9 de julio por obras
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| DESASTRE ECOLÓGICO EN LA 9 DE JULIO |
El abogado de Propamba, entidad ambientalista que pidió la intervención de la justicia para que el gobierno porteño frene las obras del Metrobus en la avenida 9 de julio, aseguró que “el fallo dice que las obras afectan a por lo menos 10 plazoletas centrales”.
“No es cierto que el gobierno de Mauricio Macri podrá
cumplir fácilmente con el fallo, tal como aseguró ayer la vicejefa María
Eugenia Vidal, el juez los obliga a cumplir con la ley de arbolado, que
no fue respetada“, dijo a Télam Pedro Kesselman, que
representó a Nidia Marinaro y al conocido arquitecto Rodolfo Livingston,
de PropAMBA, organización que cuestiona las obras del Metrobus.
El fallo del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler, que respondió al amparo del ex legislador Facundo Di Filippo “hizo un claro señalamiento sobre la obligación del gobierno a modificar la obras, tal cómo estaban planeadas“, sostuvo Kesselamn. En ambos casos, los amparistas solicitaban la intervención judicial por cuestionar la legalidad del procedimiento y la afectación de bienes públicos como monumentos, restos arqueológicos, y arbolado, entre otros.
Ayer, dijo el abogado, “la vicejefa sostuvo que no va a ser difícil cumplir con el fallo. No estoy de acuerdo. Es la primera vez que veo cómo un gobierno celebra un fallo que lo cuestiona por haber violado la constitución de la ciudad”.
Kesselman explicó que el fallo exige cumplir con la ley de arbolado (la ley número 3263); revela que “no hubo ningún estudio serio y que las obras fueron absolutamente improvisadas”.
“La resolución recuerda los artículos 27 y 29 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires de preservación de los espacios verdes y sobre el plan urbano ambiental que se debe respetar”, detalló Kesselman.
Para el abogado, “el juez dijo en la resolución que la obra afecta gravemente por lo menos 10 plazoletas centrales parquizadas y que el proyecto lleva a que se pierda más de la mitad de la superficie verde”.
Según el texto del fallo, “el proyecto vulneraría el mandato constitucional de no reducir espacios verdes, contenido en el artículo 27 de la constitución porteña”.
Más adelante, el juez resuelve que “se abstengan de reducir los espacios verdes parquizados y si ya lo han hecho, exige que se vuelvan a reponer”.
Kesselamn sostuvo que apelarán algunas indiciaciones que en el fallo resultan imprecisas referidas al órgano que tendrá la función de controlar las obras y las condiciones que habilitan a la persona que coordina los trabajos.
“Consideramos que el órgano que tiene el prestigio y la independencia para cumplir con la supervisión de este tipo de obras es la Universidad de Agronomía de Buenos Aires”, señaló el abogado.
En relación a los monumentos, sostuvo que “el juez no dispuso ninguna medida por considerar que no fueron realizados cambios. Nosotros velaremos para que no haya ninguna modificación de los lugares de emplazamiento de los monumentos porque creemos que esos eventuales cambios de lugar tienen que tener la autorización de la legislatura”.
El fallo del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler, que respondió al amparo del ex legislador Facundo Di Filippo “hizo un claro señalamiento sobre la obligación del gobierno a modificar la obras, tal cómo estaban planeadas“, sostuvo Kesselamn. En ambos casos, los amparistas solicitaban la intervención judicial por cuestionar la legalidad del procedimiento y la afectación de bienes públicos como monumentos, restos arqueológicos, y arbolado, entre otros.
Ayer, dijo el abogado, “la vicejefa sostuvo que no va a ser difícil cumplir con el fallo. No estoy de acuerdo. Es la primera vez que veo cómo un gobierno celebra un fallo que lo cuestiona por haber violado la constitución de la ciudad”.
Kesselman explicó que el fallo exige cumplir con la ley de arbolado (la ley número 3263); revela que “no hubo ningún estudio serio y que las obras fueron absolutamente improvisadas”.
“La resolución recuerda los artículos 27 y 29 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires de preservación de los espacios verdes y sobre el plan urbano ambiental que se debe respetar”, detalló Kesselman.
Para el abogado, “el juez dijo en la resolución que la obra afecta gravemente por lo menos 10 plazoletas centrales parquizadas y que el proyecto lleva a que se pierda más de la mitad de la superficie verde”.
Según el texto del fallo, “el proyecto vulneraría el mandato constitucional de no reducir espacios verdes, contenido en el artículo 27 de la constitución porteña”.
Más adelante, el juez resuelve que “se abstengan de reducir los espacios verdes parquizados y si ya lo han hecho, exige que se vuelvan a reponer”.
Kesselamn sostuvo que apelarán algunas indiciaciones que en el fallo resultan imprecisas referidas al órgano que tendrá la función de controlar las obras y las condiciones que habilitan a la persona que coordina los trabajos.
“Consideramos que el órgano que tiene el prestigio y la independencia para cumplir con la supervisión de este tipo de obras es la Universidad de Agronomía de Buenos Aires”, señaló el abogado.
En relación a los monumentos, sostuvo que “el juez no dispuso ninguna medida por considerar que no fueron realizados cambios. Nosotros velaremos para que no haya ninguna modificación de los lugares de emplazamiento de los monumentos porque creemos que esos eventuales cambios de lugar tienen que tener la autorización de la legislatura”.
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