LA LEY MUÑOZ

BALVANERA, ALMAGRO Y TODA LA CIUDAD A SALVO DE LA LEY MUÑOZ

Casos insólitos suceden en la legislatura de Buenos Aires, especialmente a fines del período legislativo.

Como es de práctica, en la última sesión del período se tratan decenas o  centenares de leyes, a propuesta de la Comisión de labor Parlamentaria, en dichas sesiones se aprueban a libro cerrado, sin lectura y aún sin aprobación de la respectiva comisión,  leyes que no lograron imponerse en las sesiones ordinarias.

Esta situación configura una flagrante  desprolijidad, la  que permitió la sanción de la ley N° 5.464  el 3 de diciembre pasado, en la última sesión ordinaria, con la anterior composición de la Legislatura.

En aquella jornada   se votó un enorme paquete de leyes que incluyó desde el Presupuesto hasta nombramientos en organismos públicos. En ese contexto, también la citada ley  que salió con una llamativa marca de 58 votos a favor y dos abstenciones (Hernán Arce, del Partido Socialista, y Gustavo Vera, de Bien Común).

El proyecto no se había discutido en comisión,  directamente se trató sobre tablas,   fue presentado por Fernando Muñoz, un legislador del interbloque kirchnerista, que ocupó su banca por poco más de un año luego de la renuncia de Susana Rinaldi. Tras terminar su mandato, Muñoz fue nombrado (¡Oh casualidad!) Defensor de Derechos de los Inquilinos dentro de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

Esta ley fue severamente cuestionada desde su sanción, por parte de consorcistas,  vecinos  y las cámaras de administradores de consorcios, la norma establecía   el Consejo de la Propiedad Horizontal, un organismo cuya función iba a ser la de regular la vida de los consorcios, pero creó una serie de nuevos problemas con un par de problemas, ya que , obligaba a los administradores apagar una matrícula anual, y se guardaba el derecho de sancionarlos en caso de irregularidades, como si fuera un colegio profesional.

Además, el SUTERH   tenía  más representantes en el directorio del ente que la propia Ciudad. Los consorcistas, y organizaciones populares denunciaron que, producto de acuerdos políticos, el gremio iba a lograr fácilmente una mayoría automática de seis votos sobre 11. Con sus eventuales decisiones, además el Consejo podía terminar generando más gastos para los edificios, y así encarecer las expensas, justamente en momentos de un brutal tarifazo.

Se reaccionó tarde, pero se reaccionó al fin y la ley fue derogada en julio pasado con la unanimidad de los 55 legisladores presentes, concretándose otra situación insólita, gran parte de los que la votaron en ésta oportunidad la derogaron. El fastidio vecinal fue tal que los legisladores ni siquiera lograron apoyo para reformar la ley y reducir la prevalencia del SUTERH en el Consejo, además de decidir que los integrantes del directorio del organismo trabajaran ad honoren. Así las cosas en la legislatura.

                                                                        Marta Romero