La memoria no hace cuarentena
Este año se cumple el 45 aniversario del último golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón y dio comienzo a una dictadura que se extendió durante más de siete años. Estamos en el marco de una pandemia, en tiempos donde prevalece en las redes sociales información construida de manera deliberada para distorsionar la realidad y obtener una modificación en el curso de acontecimientos políticos, sociales o económicos y donde los medios de comunicación propagan información que surge a partir de un dato falso, con interés de espectacularización o desinformación para formatear el sentido común. Los acontecimientos del pasado no están ajenos a estos procesos: habitan en estos espacios personajes que influyen y son capaces de marcar tendencia con publicaciones negacionistas del Holocausto y reivindicativas del terrorismo de Estado.
30 MIL NUEVOS ÁRBOLES POR LOS 30 MIL DESAPARECIDOS
“MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA FRENTE AL OLVIDO, LA IMPUNIDAD Y LA INDIFERENCIA”
Entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, tras 7 años, 8 meses y 14 días de dictadura militar, asume el gobierno radical de Raúl Alfonsín. Las tres Juntas que se sucedieron como “gobierno de facto” autoproclamado “Proceso de Reorganización Nacional”, llevaron a cabo una acción represiva en línea con el terrorismo de Estado conocida como guerra sucia, coordinada con otras dictaduras instaladas en países sudamericanos a través del Plan Cóndor, contando con el apoyo de los principales medios de comunicación e influyentes grupos del poder civil, con la necesaria protección del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de gran parte de la comunidad internacional. Esta dictadura además de abolir las libertades públicas, persiguió, secuestró, torturó y ejecutó en centros clandestinos de detención a miles de personas, que luego serían mencionados como “desaparecidos” –unos sospechosos de ser guerrilleros y otros simples activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas–. Gran cantidad de ellos fueron asesinados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares.
Además se practicó la violación sistemática, se apropió bebés de las prisioneras embarazadas que debieron dar a luz en cautiverio y en muchos casos se incautaron propiedades de las víctimas a quienes se obligó a firmar escrituras de dominio, como ocurrió por ejemplo con los bienes de la familia Graiver. “Papel Prensa”, hoy en manos del multimedios “Clarín”, rémora de aquellos tiempos, es el mayor ejemplo de esos años de plomo.
Las Madres de la Plaza de Mayo, madres de los desaparecidos, comenzaron a organizarse durante la dictadura con el objetivo de descubrir el destino de sus hijos. En 1977, el grupo inicial fue infiltrado por el integrante de la Armada Argentina y represor Alfredo Astíz, un oscuro capitán de Fragata de la Armada, conocido como “el Ángel Rubio” o “el Ángel de la Muerte”, resultando secuestrados, torturados y muertos una cantidad importante de miembros del grupo, incluida la presidenta y otros miembros fundadores, que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz. Madres y Abuelas llevaron a cabo una abnegada militancia desde los mismos comienzos de aquella dictadura, logrando recuperar al momento a 128 nietos.
PARTICIPANTES EMPRESARIALES Y CIVILES
La colaboración de los dueños y directores de muchas de las mayores empresas de la Argentina, como Mercedes-Benz, Ford, Ingenio Ledesma, fue decisiva para la labor represiva de la dictadura militar entre 1976 y 1983. La suspensión de la actividad sindical, de las normas laborales, la desaparición de miles de trabajadores, activistas y dirigentes sindicales, contó con la participación activa de las empresas en las que trabajaban, que pasaron listas de activistas, prestaron sus instalaciones y vehículos o que, en muchos casos, orquestaron las desapariciones y secuestros.
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