BALVANERA,
ALMAGRO Y TODA LA CIUDAD A SALVO DE LA LEY MUÑOZ
Casos insólitos suceden en la legislatura de
Buenos Aires, especialmente a fines del período legislativo.
Como es de
práctica, en la última sesión del período se tratan decenas o centenares de leyes, a propuesta de la Comisión
de labor Parlamentaria, en dichas sesiones
se aprueban a libro cerrado, sin lectura y aún sin aprobación de la respectiva
comisión, leyes que no lograron
imponerse en las sesiones ordinarias.
Esta situación
configura una flagrante desprolijidad,
la que permitió la sanción de la ley N° 5.464 el 3 de diciembre pasado, en la última sesión
ordinaria, con la anterior composición de la Legislatura.
En aquella jornada se votó un enorme paquete de leyes que incluyó
desde el Presupuesto hasta nombramientos en organismos públicos. En ese
contexto, también la citada ley que salió
con una llamativa marca de 58 votos a favor y dos abstenciones (Hernán Arce,
del Partido Socialista, y Gustavo Vera, de Bien Común).
El proyecto no se había discutido en comisión, directamente se trató sobre tablas, fue
presentado por Fernando Muñoz, un
legislador del interbloque kirchnerista, que ocupó su banca por poco más de un
año luego de la renuncia de Susana Rinaldi. Tras terminar su mandato, Muñoz fue
nombrado (¡Oh casualidad!) Defensor de Derechos de los Inquilinos dentro de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
Esta ley fue severamente cuestionada desde su sanción,
por parte de consorcistas, vecinos y las cámaras de administradores de consorcios,
la norma establecía el Consejo
de la Propiedad Horizontal, un organismo cuya función iba a ser la de regular
la vida de los consorcios, pero creó una serie de nuevos problemas con un
par de problemas, ya que , obligaba a los administradores apagar una
matrícula anual, y se guardaba el derecho de sancionarlos en caso de
irregularidades, como si fuera un colegio profesional.
Además, el SUTERH tenía más representantes en el directorio del ente
que la propia Ciudad. Los consorcistas, y organizaciones populares
denunciaron que, producto de acuerdos políticos, el gremio iba a lograr
fácilmente una mayoría automática de seis votos sobre 11. Con sus eventuales
decisiones, además el Consejo podía terminar generando más gastos para los
edificios, y así encarecer las expensas, justamente en momentos de un brutal
tarifazo.
Se reaccionó tarde, pero se reaccionó al fin
y la ley fue derogada en julio pasado con la unanimidad de los 55 legisladores
presentes, concretándose otra situación insólita, gran parte de los que la
votaron en ésta oportunidad la derogaron. El fastidio vecinal fue tal que los
legisladores ni siquiera lograron apoyo para reformar la ley y reducir la
prevalencia del SUTERH en el Consejo, además de decidir que los integrantes del
directorio del organismo trabajaran ad honoren. Así las cosas
en la legislatura.
Marta Romero
