Resurge la vetusta idea de las cárceles privadas, que fracasan en todo el mundo y que en la experiencia regional han funcionado como un negocio más. Aclaraciones necesarias ante los dichos de políticos carroñeros.
Por E. Raúl Zaffaroni*
(para La Tecl@ Eñe)
1. Todos sabemos que hay aves carroñeras que no son simpáticas a los humanos, aunque las aves no se enteren y, de enterarse tampoco les importaría mucho mejorar su imagen ante nosotros. Pero lo cierto es que esos animales cumplen una importante función en las relaciones de equilibrio del medio ambiente. El problema es cuando surgen políticos carroñeros, que pretenden alimentar sus votos con cadáveres. Esto es grave, porque no cumplen ninguna función en favor del necesario equilibrio social y dicen barbaridades, atrocidades sumamente peligrosas para la vida de las personas.
El discurso del diputado Espert fue un ejemplo realmente extremo de esta modalidad. Estoy absolutamente convencido de que no cree nada de lo que dijo, porque es inconcebible que cualquier persona que haya pasado por una universidad pueda creer que en algún país del mundo se bajó la frecuencia de homicidios a los balazos, o que el narcotráfico se combate con tanques de guerra. Sin lugar a dudas asume un personaje para que se hable de él y nos obliga a caer en la trampa, pero es necesario que estos discursos carroñeros no queden sin respuesta. Independientemente de que el diputado se ampare en sus fueros para instigar públicamente a cometer gravísimos delitos, agujerear, colgar en las plazas, etc. (penados en nuestro vigente Código Penal con prisión perpetua), es menester tener mucho cuidado con estos discursos, por sus posibles efectos letales.
2. Aclaremos un poco las cosas desde la perspectiva de una sana y racional política criminal, porque veo que incluso con la mejor intención no se suele dar en el clavo. Es de toda obviedad que su alguien mata a otro debe ir preso por unos cuantos años, salvo que medie alguna eximente, como por ejemplo legítima defensa o inimputabilidad. Creo que nadie en su sano juicio dijo alguna vez otra cosa, al menos que yo sepa. Pero desde la perspectiva de la sociedad –y se supone que de su gobierno si es racional- no puede ignorarse que todo homicidio es una desgracia porque saca de circulación a dos ciudadanos: al muerto, pues cuando la justicia llega ya hay un cadáver, y al preso, este último por muchos años y quizá deteriorado para siempre.
3. La clave está en que no haya cadáveres. Esto es lo que no debemos olvidar como norte de la brújula de cualquier política criminal mínimamente racional. Cuando se dice esto, suele caerse en un comentario que pretende ser de avanzada, pero que es completamente banal y en buena medida falso: es que el delito aumenta con la pobreza y subiendo el nivel de vida se lo disminuye.
Por un lado, daría la impresión de que, mientras nos convertimos en un país escandinavo, no podemos hacer nada, pero, por otra parte, conforme a la experiencia mundial, la pobreza hace subir los delitos patrimoniales, pero tiene escasa incidencia sobre los homicidios, salvo que vaya acompañada por otros factores (destrucción de policías, su simbiotización con la delincuencia organizada, etc.).
En nuestro país y en particular en la CABA, los homicidios en ocasión de robo rondan apenas algo un poco superior al 11%, aunque parecen mucho más porque todos ellos salen en los medios, en tanto que el resto, que tienen lugar entre personas conocidas y el medio comisivo preferente son las armas de fuego, solo se publicitan cuando media algún ingrediente morboso.
Por ende, no nos podemos quedar sentados tomando mate y esperando que nos llamen para recoger cadáveres y meter preso al homicida, por más que esta tarea sea obvia e imprescindible, pero no creyendo que con eso resolvemos todo, cuando –como dije antes y no me cansaré de reiterar- lo que debemos hacer es evitar que haya cadáveres y, para hacer algo más específico al respecto, tampoco podemos esperar hasta convertirnos en Noruega.
4. Supongo que a muchos oídos esto resultará tan raro que no dudarán que se trata de utopías, otros carroñeros hablarán de abolicionismo –sin saber qué es-, de las excesivas garantías, etc. Aclaremos que esto no tiene nada que ver con una corriente con la que discutí –en los términos académicos respetuosos- hace más de treinta años, en tanto que, amable lector, las garantías son las que a vos y a tu familia le sirven para que el Estado no te mate, te torture o te meta preso sin que hayas cometido ningún delito. Una cosa es meter preso al que mata o roba, y otra muy diferente es que el Estado se atribuya el derecho a meter preso y –menos aún- a matar a cualquiera de nosotros, con el pretexto de que en toda guerra caen inocentes, de que hay que sacarle el agua al pez o similares consignas genocidas.
La prevención es otra cosa bien diferente, de la que parece que nuestros políticos se olvidaron y, a decir verdad, no solo los que hoy protagonizan desde el poder este caos desconcertante, al mismo tiempo desopilante y dramático, que por momentos mueve a risa y en otros a llanto. La prevención no deja de ser una palabra que, a decir verdad, en el campo político nunca se la entendió y, por ende, a eso se debe que desde hace muchísimos años no tuviésemos una política criminal (periodísticamente llamada cuestión de seguridad) racional en nuestro país.
Prevención de los delitos no es prevención del delito, porque esto último es solo un buen cartel para una puerta, dado que el delitoes una abstracciónque hacemos los penalistas, pero no existe en la realidad social, donde lo que aparece y se sufre en concreto son delitos (robos, hurtos, estafas, lesiones, homicidios, etc.) y éstos son los hechos que se deben prevenir, cada uno de ellos presentándose en la realidad con motivos, formas de ejecución, medios, circunstancias, etc., todas particulares.
5. La prevención de los delitos no es ninguna utopía, sino una acción respecto de la cual nuestro Estado está en falta prácticamente desde siempre, justamente por la falta de respuesta racional a estos conflictos y, la consiguiente política carroñera que vende la ilusión de que a mayor pena menos delitos. Soy consciente de que hablar de esto en momentos de discursos carroñeros de políticos y medios concentrados puede parecer muy desubicado, absolutamente fuera de contexto, llamar a la racionalidad en medio de alaridos histéricos dirán muchos que no tiene sentido.
De cualquier modo, siempre tiene sentido invocar la razón, especialmente cuando se trata de ahorrar cadáveres, sin perjuicio de que cada uno cargue con su conciencia. La prevenciónno es nada imposible, sino una política necesaria en la acción de todo Estado racional que cuide la vida y los derechos de sus ciudadanos. El art. 1º de la Constitución, impone el sistema republicano, una de cuyas exigencias elementales es la racionalidad de los actos de gobierno.
6. Como se señaló antes, nadie discute la obvia necesidad de penar a los delincuentes, pero cuando se pretende que eso agota la prevención, se está mintiendo groseramente al público. La llamada prevención general mediante la pena es análoga a la de todo el derecho: pagamos las deudas para que no nos embarguen, el alquiler para que no nos desalojen, lo que no tiene nada que ver con el delito y el derecho penal, pero si alguien cree que con la pena se previene que un degenerado incendie a su mujer porque diez minutos antes de hacerlo consultará el código penal para saber si le corresponderán diez o quince años más de pena, está fuera de la realidad, engañado por esa enorme mentira o mintiendo.
Cuanto más aberrante es la motivación de un delito, menos eficacia tiene la abstracta amenaza de una pena, que solo funciona en los casos en que media una racionalidad funcional, como por ejemplo, pagar los impuestos, caso en que se supone que opera un cálculo de riesgos y beneficios.
7. Los delitos no se producen por igual en todo un territorio nacional, provincial y ni siquiera municipal; incluso en una ciudad la frecuencia es local, a veces barrial. Hoy se grita y se lanzan números de delitos, sin particularizar, incluso de algunos que técnicamente sabemos que son difíciles de cuantificar, es decir, que se dice cualquier cosa. Si lo mismo se hiciese con las enfermedades sería trágico, o sea, si cualquiera podría decir que hay brotes de poliomielitis porque las vacunas dejaron de ser eficaces, inmediatamente sería desmentido por alguna autoridad sanitaria, pero si alguien dice que los homicidios aumentaron un 200% no pasa nada, sencillamente porque no hay ningún organismo serio de monitoreo a nivel nacional, ni siquiera de los homicidios. Es más que obvio que es imposible prevenir lo que se desconoce y, si nadie hace nada por conocer algo, es porque no le interesa prevenirlo.
8. Si en algún momento se quisiera sacar la llamada cuestión de la seguridad del territorio de los carroñeros y emprender una política criminal preventiva en serio, lo que de momento dificulto porque ningún político parece estar seriamente interesado en eso, sería necesario algo que –en verdad- nunca interesó a la política, consistente en la creación de un Ente Federal de Política Criminal acordado con todas la Provincias.
No se trataría de ninguna excesiva burocracia, pues lo que se necesita es un grupo no muy grande de técnicos que cuenten con apoyo en cada Provincia y que faciliten o permitan la reunión de información, que tampoco debe limitarse a lo cuantitativo o estadístico, sino también en alguna medida cualitativa, porque no se previenen de la misma manera los homicidios intrafamiliares que los que se producen por conflictos vecinales, ni los asaltos en la vía pública que los simples arrebatos, los robos a bancos o la piratería del asfalto.
De este modo se podrían determinar los focos conflictivos, es decir, dónde se concentran. En lo posible se trataría de reunir la mayor información posible conforme a las llamadas preguntas clásicas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué? Un simple protocolo de unas quince preguntas conforme a los diferentes delitos, incluso por muestreo si es el caso, basta para el monitoreo.
9. Hay dos formas o momentos preventivos, uno es la llamada prevención primaria y otro la prevención secundaria. Es un error mayúsculo creer que la prevención es tarea exclusiva de las policías, por más que éstas desempeñan un papel de suma importancia, porque si bien en la prevención primaria pueden aportar datos, carecen de los medios para atender a sus requerimientos y tampoco sería su función.
La prevención primaria es la que, una vez detectados los focos conflictivos, debe ocuparse de analizar el contexto y los factores focales concretos, que pueden ser de muy diferente naturaleza: barrios precarios junto a otros de alta rentabilidad, conflictos étnicos, carencias de escuelas, clubes o centros deportivos, atención deficiente de la salud, altas tasas de desempleo y también otros más simples, como falta de iluminación, carencias de transporte público, etc.
Con frecuencia los gobiernos (nacional, provinciales y municipales) disponen de entes existentes, pero que no se coordinan lo suficiente para bajar la intensidad del núcleo conflictivo, tarea que –como vimos- no incumbe a las policías, pero a la que se pueden convocar a diferentes agencias estatales.
10. La prevención secundaria, sintéticamente dicho es la vigilancia. Es una paradoja –señalada por varios criminólogos- que mientras se miente afirmando que basta con la prevención general mediante la represión de los delitos, hoy llenemos las casas de implementos electrónicos de alarma y rejas y las calles de cámaras.
La vigilancia es algo que, sin advertirlo demasiado, ejercemos todos los ciudadanos, que observamos a nuestros semejantes, que podemos llamar vigilancia social. Por lo general, nadie en su sano juicio comete delitos en público, salvo los grandes delitos económicos, que no es de lo que estamos hablando ahora.
En cuanto a la vigilancia institucional, es tarea propia de las policías, pero éstas deben ser alertadas técnica y no intuitivamente. No se trata de someter a vigilancia a toda la población mediante la inteligencia artificial (IA) y montar un Estado totalitario, sino de saber qué, dónde y cuándo vigilar más.
Para que opere con eficacia y adecuada selectividad la vigilancia institucional, es necesario disponer de buenas organizaciones policiales, para lo cual se requieren policías eficaces y, por ende, técnicas y bien entrenadas. A este respecto, corremos un serio peligro a partir de la mentira carroñera de que la prevención general punitiva es milagrosamente válida para todos los delitos, es decir, que cuanta más pena se prevea en los códigos, menos delitos tendremos.
Como esto es mentira, las leyes aumentan la punibilidad y los delitos no se sabe si aumentan o bajan, a esta mentira se agrega, aunque no con la sincera brutalidad y grosería del diputado Espert, la promoción de lo que en general se llama autonomización de las policías, es decir, su descontrol, el gatillo fácil y la mano libre, que acaba destrozando a las instituciones policiales y provocando un caos social. Este parece el lamentable camino ensayado por la actual administración.
11. En una política criminal racional, o sea, que se haga cargo de la prevención tanto primaria como secundaria, uno de los requisitos, especialmente para la eficacia de la secundaria, es la salud de las instituciones policiales, lo que no parece cuidarse demasiado en nuestro país, donde este no es un objetivo claro ni mucho menos, sino que todo indica que tiende a marchar a contramano.
En principio, se desconocen los derechos más elementales del personal policial. Se trata de los trabajadores estatales con menos derechos laborales. Están sometidos a un régimen militarizado, cuando se trata de un servicio de clarísima naturaleza civil. Se les paga miserablemente, cuando el objetivo sería que un buen comisario recibiese un salario equivalente al de un juez y de allí hacia abajo por escala. La policía mal retribuida –y autonomizada- es una instigación a su simbiotización con la delincuencia de mercado y eso es el caos social, porque desaparecen las policías. Esta es la tristísima experiencia de algunos países de nuestra América. Hay países incluso sin Fuerzas Armadas, pero sin policía ninguno y, por ende, cuando ésta desaparece, viene el caos social.
A los trabajadores policiales se les niegan sus más elementales Derechos Humanos, se los insta a cometer delitos y cuando eso genera escándalos, se les suelta la mano. Se les niegan todos los derechos laborales, se les prohíbe la sindicalización, no pueden discutir horizontalmente sus condiciones laborales, crear consciencia profesional, discutir sus salarios en paritarias, reclamar públicamente, en lugar de ellos hablan los familiares y lo hacen anónimamente, o si en alguno de nuestros países lo hacen ellos mismos, asistimos al penoso espectáculo de que lo hagan de espaldas a las cámaras, como en las conferencias de prensa de los terroristas. Es obvio que no pueden tener derecho de huelga, como tampoco lo pueden tener las guardias hospitalarias ni los bomberos, pero nada justifica que les nieguen los restantes Derechos Humanos y laborales. Así nunca tendremos un Scotland Yard, una Bundespolizei, unos Carabinieri, ni tampoco un FBI, y no porque nos falten neuronas, sino porque nuestros políticos parecen usarlas poco o, como en el caso del diputado Espert, usarlas para llamar la atención asumiendo personajes.
Para coronar este panorama resurge la vetusta idea de las cárceles privadas, que fracasan en todo el mundo. Por algo el personal federal de prisiones de los Estados Unidos nunca la permitió. Se dice que haremos el experimento de una cárcel privada, lo que en la experiencia regional sabemos que ha funcionado como negociado: la cárcel privada que se mostraría como modelito, por contrato, no admitiría superpoblación, es decir que las cárceles superpobladas y, por ende, crecientemente deterioradas, serían las estatales. Esto ya le ha pasado a Chile con la privatización carcelaria de Pinochet. El contrato sería de leasing, es decir, que los privados construirían cárceles con precarios materiales premoldeados que, después de treinta años, cuando ya estuviesen destrozadas, quedarían en manos del Estado.
12. Debo confesar que experimento un sentimiento extraño: en algún sentido me vuelvo nostálgico de la vieja derecha conservadora (por llamarla de alguna manera) de hace más de un siglo. Me sorprendo admirando la responsabilidad con que legislaban, cómo discutían y meditaban las reformas. Por supuesto que no admiro la creación de la cárcel de Ushuaia y cosas parecidas, pero no puedo ignorar que sancionaron un excelente código penal en 1921, para lo cual se pusieron de acuerdo yrigoyenistas, conservadores y socialistas, como también que su Cámara de Diputados bloqueó el proyecto carroñero de pena de muerte por silla eléctrica de la década infame, posibilitando que ese código penal rigiese casi sin reformas durante casi medio siglo.
Me siento muy raro, porque realmente nunca pensé que añoraría a los viejos conservadores, pero, aunque parezca mentira, me tengo que referir a estos horrores con vocablos que evocan valores que parecen retrógrados porque han empalidecido demasiado en nuestra vida política y, precisamente por eso, en este momento caótico se vuelven avanzados: responsabilidad, racionalidad, prudencia, seriedad.
Buenos Aires, 20 de febrero de 2025.
*Profesor Emérito de la UBA. Ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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