SANEAMIENTO DEL RIACHUELO

El saneamiento del Riachuelo con presupuesto disminuido

El tema del saneamiento del Riachuelo viene de lejos, ya era típico vivir en La Boca o en la Isla Maciel y sentir el particular olor proveniente del volcado de todas las aguas servidas de las industrias no controladas registradas a su vera.

Trascendió cuando María Julia, la ex ministra de Menem, amenazó con darse un chapuzón en el Riachuelo recuperado, pasaron los años y… nada.

Todo se acelera cuando la Corte Suprema de Justicia hace la intimación el 10 de agosto del año 2010, firmada por los siete jueces de entonces, que eran: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay. La ACUMAR, conformada por los gobiernos nacional, porteño y bonaerense, presentó ante la Corte un informe de situación sobre los "avances" realizados en el saneamiento de la cuenca, entre los que destacó la urbanización de villas, ampliación de las redes de agua potable y erradicación de basurales. Pasaron los años y… nada.

Ahora cuando poco o nada se avanzó, el gobierno reduce el presupuesto 2018 en 1.500 millones, a pesar que, en diciembre pasado, el máximo tribunal había ordenado a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) que intensificara el cumplimiento de la sentencia, situación que se torna difícil con los fondos asignados para el año próximo. Así limpiar la mayor cuenca anti ambiental del país parece un horizonte cada vez más lejano, y pareciera ser que nadie le puede poner “el cascabel al gato”.

El ministerio que tiene el mayor presupuesto para el saneamiento es el de Ambiente, a cargo del rabino Sergio Bergman. Sus obligaciones van desde obras de infraestructura hasta planes sanitarios. En 2017 se destinaron al Riachuelo tres programas, que sumaron $ 2.590.409.250. En cambio, para el ejercicio 2018 le quitarán dos programas, y apenas figura el del "Desarrollo sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo", que contará con 1.918.896.295 pesos: $ 671 millones menos para el Riachuelo. 

Con esos fondos, Ambiente debe llevar a cabo “obras de infraestructura, minimización de las descargas industriales, la prevención de los daños con suficiente y razonable grado de predicción, saneamiento de basurales, plan sanitario de emergencia", entre otros objetivos, para los que el presupuesto resulta más que apretado.

Una necesidad soslayada es el mejoramiento de los desagües cloacales. La propia cartera afirmó que "hay aproximadamente 2.500.000 habitantes en la zona sin servicio de cloacas, que descargan en tanques sépticos o en letrinas con pozos negros". Aunque el principal conflicto yace en "la considerable" cantidad de industrias que descargan sus efluentes en el Riachuelo, con una "notoria falta de cumplimiento de la legislación normativa existente", según admitían el año pasado. Esa conclusión ya no figura en el texto para 2018. 

ACUMAR se ve privado de los fondos más que necesarios para encarar estas obras fundamentales, que hacen a la salubridad de la población. La resolución 46/2017 regula los límites admisibles de vertido de efluentes líquidos de las empresas, y permitió nueve contaminantes que estaban prohibidos hace años, especialmente agro tóxicos. Figuran sustancias como DDT, Endosulfán y Heptacloro, que difícilmente pueden ser diluidas con agua, y que difícilmente pueda hacerlo esta cuenca, que es prácticamente un estanque; por más que diluyan en agua va a generar impacto. A pesar de la exigencia de la Corte, en lugar de mejorar, la normativa empeora, no visualizándose hasta el momento una voluntad de control de las industrias contaminantes.

Es de recordar que uno de los principales factores que motivó la sentencia de la Corte fue el tema de salud de quienes viven alrededor del Riachuelo, aún desoído. Si bien diferentes estudios comprobaron la presencia de plomo en sangre en poblaciones cercanas a su trazado, se desconoce cuál es la población de riesgo. La ACUMAR nunca elaboró “un diagnóstico de base para todas las enfermedades que permita discriminar patologías producidas por la contaminación del aire, suelo y agua, de otras patologías no dependientes de aquellos factores y un sistema de seguimiento de los casos detectados para verificar la prevalencia y supervivencia de tales patologías”, tal como lo dispuso la Corte en 2008.

Difícilmente la situación pueda ser revertida para un gobierno que buscó siempre economizar en los temas más sensibles para las clases más postergadas.

                                                                                Marta Romero