Vicentín y la estrategia de
Alberto para conseguir la soberanía alimentaria
Por SEBASTIÁN PREMICI | 11 de
junio de 2020
Luego de recibir
multimillonarios préstamos por parte de Banco Nación en tiempos de Mauricio
Macri, Vicentín se declaró en quiebra y puso en peligro más de 5.000 puestos de
trabajo, además de cortar la cadena de pagos a 2.600 productores. «Con Vicentín
no se metan», era la orden de Macri, que recibió de la empresa uno de los
mayores aportes de campaña. La maniobra de evasión con la falsa soja paraguaya.
El gobierno de Alberto Fernández tomó ahora el control de la mayor exportadora
de aceite para garantizar las fuentes de trabajo y con el objetivo de
intervenir en el mercado de alimentos y así favorecer la soberanía alimentaria
nacional.
En 2019, Vicentin exportó
10,03 millones de toneladas de cereales, aceites y subproductos vinculados a la
soja. Según las estadísticas de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, es
la primera exportadora de aceites del país. La empresa es un “monstruo” del
sector, con plantas en Avellanada, San Lorenzo y Ricardone, capacidad de
almacenamiento y molienda, una terminal portuaria propia; además posee
producción de biocombustibles en asociación con Glencore, Oleaginosa Moreno y
Molinos Río de la Plata y frigoríficos.
En los últimos años, fue de
las cerealeras que más incrementó su facturación: cuando el promedio de las
principales 200 empresas del país lo hizo en un 51 por ciento, Vicentin
incrementó sus ventas en un 83,8 por ciento.
Pero algo salió mal, aunque no
fue un accidente. La empresa entró en default en diciembre del año pasado, a
pesar de haber recibido multimillonarios préstamos del Banco Nación para la
prefinanciación de exportaciones: el dinero se había fugado hacia otro destino.
Y en esa cesación de pagos dejaron aproximadamente a 2.600 productores en la
lona y pusieron en riesgo a 2.100 trabajadores de la industria aceitera, 1.000
puestos vinculados al sector algodonero y otros 2.050 de la planta frigorífica.
En este contexto, la
intervención del Gobierno nacional vía DNU y el envío de un proyecto de ley
para expropiar la empresa de las familias Padoan, Nardelli, Buyatti y Vicentin
se convirtió en una cuestión estratégica.
Así como YPF fue la punta de
lanza para plantear la soberanía energética luego de su recuperación en 2012
–proyecto interrumpido por el ciclo macrista donde la petrolera de bandera
nacional perdió participación de mercado-, ahora Vicentin podría ser el
instrumento del Estado para regular el sector agropecuario.
Tal como lo definió el
Presidente Alberto Fernández, la exportadora y productora de alimentos podría
convertirse –bajo la gestión de YPF AGRO- en una “compañía que sirva para dar
señales, que sea testigo, en el mercado de los alimentos, con las intenciones
de buscar la soberanía alimentaria”.
“Es la medida más importante
tomada en el sector en el último medio siglo. Ahora viene lo difícil que es que
funcione en favor de la soberanía y seguridad alimentaria del país. Es el
primer paso para discutir otra lógica de producción”, sostuvo Pedro Peretti, ex
director de la Federación Agraria e integrante del Grito de Alcorta.
«Fue un rápido e inteligente
movimiento del Poder Ejecutivo intervenir y salvaguardar el trabajo argentino y
la soberanía alimentaria. Apoyamos una decisión que favorecerá el mercado
interno, a la regulación de precios y, definitivamente, evitará la
extranjerización del comercio exterior de granos, piedra basal de la economía
argentina”, agregó Juan Carlos Schmid, titular de la Federación Marítima,
Portuaria, y de la Industria Naval (FeMPINRA).
De no haber intervenido a
tiempo, la empresa quizás hubiera pasado a manos de alguna internacional, como
Dreyfus. Por ende, con su decisión, el Estado nacional también contribuirá a
consolidar al grupo de exportadoras de capitales nacionales (aunque altamente
concentrado).
Vicentin representa
aproximadamente el 9 por ciento del mercado; como parte de las “señales” de las
que habló Fernández, podría cambiar la relación entre productores, acopiadores
y exportadores en favor del eslabón más débil.
Las grandes exportadoras, que
son las que deberían pagar los derechos de exportación, suelen descontarles las
retenciones a los productores, dueños de los granos. Es decir, nunca les pagan
el precio pleno de los cereales y oleaginosas y terminan por financiarle las
exportaciones a los grandes jugadores. Si el Estado lograra cambiar esa lógica,
mayor sería la presión hacia el resto de los jugadores. Y se le daría respuesta
a un tema reclamado por los pequeños productores desde hace años.
A este (deseable) escenario
habría que sumarle un segundo componente: las mismas grandes empresas
multinacionales, rara vez pagan en el país de origen lo que deberían ya que
utilizan el viaducto de la triangulación de operaciones para beneficiarse. El
caso de Vicentin es emblemático.
Deuda PRO
La deuda financiera con
entidades locales y extranjeras asciende a los 63.961 millones de pesos; de
este total, casi el 20 por ciento corresponde al BNA y un 30 por ciento con
tres bancos internacionales: International Finance Corporation, Netherlandese
Finacerings y el ING BANK NV de Tokyo.
La deuda de la cerealera con
el BNA es de 18.300 millones de pesos; tan obsceno fue todo el proceso (con
alta cuota de impunidad) que, en noviembre de 2019, cuando Macri ya estaba de
salida, Javier González Fraga les “prestó” 5.100 millones, el 32 por ciento de
toda la deuda con el banco público.
Según narró el director del
BNA Claudio Lozano a Nuestras Voces en la edición del 26 de enero, cada vez que
desde el Banco se interpelaba a la empresa por su manejo financiero, sus dueños
amenazaban con hablar directamente con Macri. “Con Vicentin no se metan”,
respondía el ex Presidente. Vicentin fue una de las principales aportantes a la
campaña de Cambiemos con 13,5 millones de pesos, aporte que concretó a través
de las sociedades vinculadas Oleaginosa Moreno, Algodonera Avellaneda y
Frigoríficos Friar S.A.
¿Qué hizo la cerealera con
todo el dinero recibido? Alberto Fernández sostuvo que la intervención y futura
expropiación de la empresa no será para “perseguir a nadie” pero que no dejará
pasar las tramoyas cometidas. Este jueves, Fernández y los (ahora ex)
directivos de la empresa se verán las caras en Olivos. Hay que recordar que
sigue abierta la causa penal que tiene como principal imputado a González
Fraga, a partir de la cual podría dilucidarse el destino final de esos fondos.
Soja en fuga
La cerealera es parte de una
red corporativa que incluye 16 firmas en el país, y otras en Uruguay, Paraguay,
Brasil y España. En 2007, se asoció a Oleaginosa Moreno Hermanos SA, una
compañía controlada por la suiza Glencore. Juntas armaron Renova para la
comercialización de biosiesel. En 2010 se les sumó Molinos Río de La Plata. La
particularidad sobre Vicentin Paraguay es que también controla el 16,67 por
ciento del capital de Renova que a su vez tiene vinculación con la suiza
Glencore (vía Oleaginosa Moreno Hermanos).
Carlos Heller, titular de la
comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, indicó que la filial
Vicentin Paraguay fue denunciada en el poder judicial de ese país por un comité
integrado por seis instituciones financieras: IFC (Corporación Financiera
Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo
controlado por el Estado holandés), ING (es un banco cooperativo), Rabobank,
Natixis (de los bancos populares franceses) y Credit Agricole (también es un
banco cooperativo).
“Fue denunciada por evasión y
lavado de activos; la empresa exportaría granos a su sede en la provincia de
Santa Fe, Argentina, para procesarlos y luego venderlos como granos paraguayos.
Existen sospechas que ello formaría parte de un esquema de evasión fiscal y
lavado de activos, para lo cual se aprovecharía Vicentin Argentina SA de esta
situación fiscal para pasar como granos paraguayos lo producido en Argentina”,
sostuvo Heller en declaraciones radiales en la 990 y AM750.
¿Los granos son de Vicentin
Paraguay o de la casa matriz en Argentina? Desde hace años, el país vecino
incrementa sus registros de exportaciones de soja aunque los números no se
condicen con su capacidad productiva. Pero con la “creatividad contable” de los
jugadores del sector, todo es posible.
Las multinacionales
agropecuarias “venden” su producción, de manera administrativa, a sus filiales
en otros países antes de enviar los granos o aceites o biodiesel al destino
final. A partir de esta triangulación logran eludir el pago de impuestos en el
país de origen. Es un esquema “legal” pero que genera perjuicios al fisco. Es
una forma de obtener una ganancia extraordinaria a partir de los “precios de
transferencia”.
El caso de Vicentin expone
como nunca todo lo espurio que existe detrás del gran negocio de las
exportaciones agropecuarias.
Fuente: Nuestras Voces
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