Murió otro sin techo:
denuncian
inacción de Larreta
Por CELESTE DEL BIANCO | 16 de
junio de 2020
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Mientras el operativo runners
cuenta con con todos los recursos del Estado porteño, los sin techo son
ignorados por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en las noches de
invierno. Ya van 3 muertos en situación de calle desde que comenzó la pandemia:
el domingo a la madrugada murió Sergio, de 63 años, en México al 2000; esperan
los resultados por COVID-19 ya que tenía fiebre y tos. Una semana atrás, otro
hombre con síntomas de COVID que no fue derivado al sistema de salud por el
BAP, murió luego de ser desalojado ilegalmente de un hotel. La primera víctima
fue un adolescente de 16, al que se le cayó una mampostería mientras dormía.
Las organizaciones sociales que trabajan con las personas en situación de calle
denuncian la desidia y falta de políticas del gobierno porteño.
GCBA
El domingo a la madrugada murió
Sergio, tenía 63 años. Era diabético y estaba en situación de calle. Rancheaba
en México al 2000, en la vereda de una fábrica del barrio de San Cristóbal. Los
dos compañeros con los que compartía la calle contaron que pasó la noche con
fiebre y tos, por lo que esperan los resultados de COVID19. Es la segunda
muerte de una persona en situación de calle en una semana, la tercera en lo que
va del mes.
El último domingo de mayo
falleció Leonardo Macrino, tres días después de ser desalojado del Hotel
Florida ( a pesar de que el decreto 320/2020 lo impide) junto con su compañera María Soledad. El 2 de
junio Agustín Lara, un adolescente de 16 años, murió cuando una mampostería le
cayó encima mientras dormía a la intemperie en Sarmiento y San Martín. Si bien
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires agregó dispositivos de alojamiento y
suma 43 en total con 3.379 plazas, resulta insuficiente para las 7251 personas
en situación de calle relevadas en el Segundo Censo Popular del 2019. Además, después del contagio masivo en el
Centro de Inclusión Social de Retiro en mayo, donde se registraron 90 casos
positivo, varias personas se resisten a ser alojados allí por miedo.
El operativo para regular a los
runners cada noche moviliza a agentes de tránsito, policías, guardaparques y
bomberos además de 300 voluntarios y voluntarias. Una imagen que contrasta con
el personal dispuesto para la población sin techo. Como el domingo la
temperatura estuvo por debajo de los 5° centígrados, el Ministerio lanzó el
primer Operativo Frío extraordinario. Casi tres meses después del inicio del
aislamiento social, preventivo y obligatorio,
el equipo del programa Buenos Aires Presente (BAP), compuesto por más de
400 personas del gobierno porteño, la Defensoría del Pueblo y voluntarios de la
Iglesia Evangélica, salió a recorrer las calles. Las organizaciones sociales
que se autogestionaron y organizaron desde el inicio de la cuarentena para seguir
con sus recorridas de comida caliente indicaron que la Línea 108 está saturada
y que el personal del BAP no es suficiente para la demanda. También denunciaron la falta de una política
integral como lo establece la Ley 3706 del año 2010.
La legisladora porteña y
presidenta de la Comisión de Promoción Integral, Lorena Pokoik, siguió el caso de Sergio y sostuvo que tenía
síntomas de COVID 19. “Estaba durmiendo en una noche muy fría, una persona diabética que estuvo con fiebre toda la
noche. Lamentablemente el SAME lo encontró muerto por la mañana. La Agencia
Gubernamental de Control no controla los hoteles, el BAP no está atendiendo a
toda la gente. El SAME está desbordado y hay una cantidad de lagunas donde
entre diferentes organismos se van
tirando la pelota de quién es competencia hacerse cargo. En el medio se
lanza el Operativo Frío y nos convocan a todos con grandes informes hablándonos
de los nuevos paradores. Todo es una gran mentira porque si fuese una gran
verdad no tendríamos dos muertos en una sola semana cuando ni siquiera comenzó
el invierno”, indicó la diputada a Nuestras Voces. Ahora se espera los resultados de la autopsia
para saber si Sergio tenía COVID19.
A mediados de mayo, la Asamblea
Popular por los Derechos de las Personas en situación de calle le envió una
carta a la ministra de Desarrollo Social y
Hábitat porteña, María Migliore, con algunas sugerencias de medidas en
el marco de la pandemia. Entre ellas, las incorporación de postas sanitarias y
alimentarias en diferentes puntos de la ciudad, con baños químicos, “donde se
realicen controles de salud por sintomatología del virus, además de la entrega
de comida, agua, elementos de higiene y repelentes para prevención de
dengue”. Sin embargo, el colectivo de
organizaciones que trabaja en el territorio no fue escuchado. Paola Lombardi es integrante de Abrigar
Derechos, una de las asociaciones de la Asamblea. Recorren las calles de
Congreso con comida caliente y ayudan en la gestión de acceso a derechos como
educación y salud entre otros. En diálogo con este medio Lombardi, sostuvo que
uno de los grandes problemas durante la pandemia es la falta de acceso al agua.
“La gente nos agradece más que la comida el kit de higiene, el tema de tener un
alcohol para limpiarse las manos pero también es bastante dramático porque les
estamos dando jabón y no tienen acceso al agua. La mayoría de los baños
públicos hoy están cerrados porque los comercios que los dejaban entrar están
cerrados. No tienen acceso al agua y hoy lavarte las manos vendría a ser
prácticamente la única vacuna. Vemos un total abandono con respecto a esta
población, muy poca presencia del Estado. El BAP no da abasto, la Línea 108
explota”, le contó a Nuestras Voces.
“Es una población que está
postergada desde hace un montón de tiempo y ahora con la pandemia queda en
evidencia que no hay una política pública integral. Las únicas dos alternativas
que propone la Ciudad para una problemática de calle es algún dispositivo de
alojamiento (que hasta antes de la pandemia sólo funcionaban para dormir al
contrarop de ley 3706) o un subsidio habitacional que no cubre los gastos”,
agregó Lombardi. El subsidio habitacional por situación de calle es de 8000
pesos por grupo familiar. Sin embargo, una habitación de hotel para una familia
oscila entre los 12.000 y los 15.000 pesos en condiciones de hacinamiento con
baño y cocina compartida. A eso se le suma que varias de estas pensiones ya no
aceptan gente por precauciones sanitarias.
La muerte de Leonardo Macrino el
domingo pasado se dió en este contexto. Había sido desalojado del hotel La
Florida en Chile 1480, Monserrat, en el que se hospedaba junto a su compañera
María Soledad. Como contó Nuestras Voces, a pesar de que las vecinas llamaron
en reiteradas oportunidades a la Línea 108 para indicar que tenía síntomas de
COVID, el móvil del BAP llegó días después y les entregó frazadas. Finalmente
la autopsia determinó que no tenía coronavirus, lo mismo que el hisopado de la
mujer, que finalmente se fue a vivir a la casa de unos familiares en la provincia
de Buenos Aires. A pesar de la vigencia del decreto 320/2020 que impide los
desalojos mientras dure el aislamiento obligatorio, el Hotel La Florida echó a
más personas. En las últimas semanas dejó sin espacio a 6 personas. Viviana
Tolosa y Rafael Carro son dos de ellas, ambos mayores de 70 años. Ella tiene
cáncer y él enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Estuvieron
durmiendo en Rivadavia y Boedo y luego fueron trasladados al hospital Ramos
Mejía para descartar el COVID 19. A pesar de las promesas de las autoridades de
ser trasladados a un nuevo hotel, la pareja volvió a estar en situación de calle. Según relató
Viviana a la ONG Amigos en el Camino, los quisieron trasladar a un parador y
ellos rechazaron la opción por miedo al contagio.
Horacio Avila, referente de
Proyecto 7 que agrupa cinco refugios que dan asilo a 375 personas, indicó que los hoteles “están abarrotados” y
que “el hacinamiento es mucho mayor que en los dispositivos”. “Desde algunos
lugares se asusta un poco a la gente con esto de que en los dispositivos
supuestamente hay contagios masivos que no son reales. Si hay una posibilidad
de contagio en los dispositivos en los hoteles es cien veces mayor porque
tampoco hay protocolos para los hoteles. En la mayoría los baños son compartidos,
las cocinas con pocas hornallas, los baños con pocas duchas. La higiene no es
la mejor. Estar focalizando en ese tipo de cuestiones cuando no son posibles no
ayuda demasiado. A mi me parece que hay que tratar de salvar la mayor cantidad
de personas que se pueda”, sostuvo en diálogo con este medio.
Ávila resaltó la desidia
histórica de la gestión del PRO hacia las personas en situación de calle e
indicó la falta de involucramiento del gobierno nacional durante la cuarentena.
“Esto no tiene que ver con el ahora, la pandemia lo que hizo fue agravar lo que
ya estaba. Tiene que ver con no implementar la ley 3706 y no trabajar de manera
más integral. Creo que hay una falencia del gobierno nacional porque tampoco se
puso a pensar en protocolos específicos para esto desde el Ministerio de Salud
de Nación obligando a la Ciudad a ciertas cuestiones. Entendemos que CABA sería
como una provincia más pero no es una república independiente. Debería haber
una bajada de línea del gobierno nacional donde diga específicamente qué cosas
sí y qué cosas no”, agregó.
La muerte de Agustín
Agustín Lara, de 16 años, murió
el 2 de junio en el microcentro. Una mampostería se le cayó encima mientras
dormía en la vereda de un edificio en San Martín y Sarmiento. Estaba en situación
de calle desde hacía un mes, tenía problemas con consumo de drogas y padecía el
hostigamiento policial en su barrio, Villa Lugano. Se fue de su casa.
Cartoneaba para comer con otros adolescentes en el centro porteño. Sus
compañeros dicen que la ambulancia tardó 55 minutos en llegar y que la policía,
con una comisaría a dos cuadras, llegó 40 minutos más tarde. Su madre Julia, le
contó a Nuestras Voces el recorrido de rechazos en el sistema de gubernamental
para curar la adicción de su hijo.
“He pedido ayuda durante varios
años seguidos porque Agustín venía desde los 12 años con el tema del consumo.
Fui a todos los organismos del Estado para que me ayuden y en todos los lugares
me han cerrado las puertas por el tema de que tenía que ser consentido por él.
¿Cómo puede pedir ayuda una persona enferma por consumo? Intenté por todos
lados para sacarlo del tema de las drogas y me han cerrado las puertas. El
último fue el parador el CAINA, le cerró la puerta a Agustín por el tema de la
pandemia”, afirmó Julia a este medio. El centro de Atención Integral a la Niñez
y Adolescencia (CAINA) es uno de los cinco paradores del gobierno porteño para
menores de edad en situación de calle y la semana pasada registró un caso
positivo de coronavirus.
“Él se tuvo que ir del barrio
porque estaba siendo hostigado por la Policía de la Ciudad. Presentó un habeas
corpus para resguardo físico para que dejen de hostigarlo y no le metan causas
que no eran. Lo seguían haciendo, se cansó y se fue. Acá es todo por portación de cara, si se
vestía deportivo siempre lo paraba la policía. El tenía una causa penal por
robo simple y con eso, si sos menor, ya
sos un delicuente”, lamentó Julia.
Fuente: Nuestras Voces
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