EDITORIAL 197
Bajo un manto de cenizas, que no son precisamente las del volcán Puyehue sino las de la mayoría de aquellos 30 mil desaparecidos, se esconden los eternos infamadores, junto a otros lanzados recientemente al campo político. Reaparecen los Duhalde, Clarín, Carrió, La Nación, etc., todo mezclado en la coctelera de las políticas retrógradas.
Se impone el “todo vale” en el oficio de conjugar los verbos “infamar”, “ultrajar”, “afrentar”, y “denigrar”. Aparecen entonces mezclados, vale insistir, víctimas y victimarios; Montescos y Capuletos salen a “cortar cabezas”.
Hoy es con el caso Schoklender que se salpica a las Madres y a los Pañuelos Blancos, nada importa. Como ayer fuera la Ley de Medios, o el subsidio a los indigentes, la cuestión es mezclar en la ponzoña a todo lo que se mueva por fuera del discurso neoliberal.
Allí aparece también Ricardito aliado con De Narváez, reclamando ajustes y proponiendo recetas perimidas, en su incierta carrera presidencial.
Les faltaría a estos y aquellos candidatos emular al diputado republicano de EE.UU. Anthony Weiner, que puso en Internet una fotografía suya donde aparece sin ropas.
Mientras tanto se destapan nuevas cacerolas ─que emanan un olorcillo fétido─ en la lucha por los Derechos Humanos. A los históricos genocidas militares (de las tres fuerzas armadas y de la policía), se agregará la complicidad civil y, últimamente, la de jueces y fiscales, remanentes de una época que vale investigar y desmitificar. En las entrañas del “poder corporativo” y en el inmenso aparato de la dictadura, se destacaban nombres del Poder Judicial entonces encubridor, que hoy salen a la palestra; deben desempolvarse y responder ante la Justicia. Es una deuda pendiente en materia del esclarecimiento de aquellos crímenes que no caducarán nunca, hasta que todos de los que aún quedan vivos ─civiles, militares, jueces o fiscales─ sean puestos entre rejas.
Por eso no está de más mencionar a algunos de esos jueces y fiscales que de forma ignominiosa secundaron desde Tribunales los crímenes, vejámenes, apropiaciones, asesinatos y desapariciones; esos que jamás mostraron una mínima voluntad de investigar. ¿Cuántos jueces están en tales condiciones, cuántos fiscales? ¡Muchos!, centenares, distribuidos en los cuatro puntos cardinales del país.
La provincia de Mendoza jugó un papel preponderante en las sucias faenas dictatoriales. Ha sido denunciada la actuación de Luis Francisco Miret, alias “El Catalán”, de infamante accionar durante la represión. Felizmente el Consejo de la Magistratura lo destituyó, hecho que lo convirtió en el primer juez de la dictadura en ser destronado.
Otro es el juez Otilio Roque Romano, camarista federal, también remanente de aquellas atrocidades, que jamás escuchó las denuncias por apremios ilegales, es el mismo que intentó en la actualidad paralizar la Ley de Servicios Audiovisuales.
Grave es el caso del Juez de Menores Gustavo Mitchell, implicado en la trata de bebés apropiados, que en aquel entonces mandó decirle a Estela de Carlotto: “Cuídese: por lo que usted hace podría aparecer en una zanja”. Hoy este sujeto integra la Cámara de Casación Penal.
En Jujuy, el Juez Subrogante Carlos Olivera Pastor acumula denuncias sobre protección a genocidas, como en el caso de Luciano Benjamín Menéndez. También tenemos a Manuel Blanco, juez de La Plata, denunciado por dilación en causas de crímenes de lesa humanidad, a Rodolfo Pradas, de Mar del Plata, sospechado de facilitar la fuga de parapoliciales, a Gustavo Duprat, de Bahía Blanca, que se negó detener a represores… Y sigue la lista, es de esperar que pronto todos ellos estén donde corresponde, en una cárcel común.
Mientras, continúa la campaña electoral, en un clima en que se evidencian aquellos que están del otro lado de los derechos humanos, aunque proclamen lo contrario. “En la cancha se ven los pingos” y algunos vienen mancados.
Hasta la Próxima
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