viernes, 3 de octubre de 2008

¿JUBILADOS EN EL HORNO?












Movilidad Jubilatoria:

Un camino plagado de obstáculos




En nuestro país nos topamos en forma recurrente con una amarga realidad: la displicencia que muestra el Estado hacia sectores sociales vulnerables como el de los ancianos. Un ejemplo acabado en este sentido lo constituye la derogación de la movilidad jubilatoria –el mecanismo utilizado para aumentar los haberes de acuerdo a la evolución de los salarios– a principios de los 90 durante la gestión menemista. Así, se borró de un plumazo un derecho básico e histórico consagrado en la Constitución y se permitió el congelamiento de las jubilaciones durante 12 años que trajo, como consecuencia, el descenso sostenido de su poder adquisitivo.

Tras la devaluación de 2002 los sucesivos gobiernos otorgaron incrementos por decreto, casi exclusivamente a la jubilación mínima, generando una distorsión en el sistema: hoy el 70 % de los beneficiarios cobra la mínima cuando hasta 2001 lo hacía sólo el 17 %. En 2006 la Corte Suprema sentó jurisprudencia –a través del “caso Badaro”–ordenando al Congreso y al Poder Ejecutivo la fijación de un índice para actualizar las jubilaciones de manera automática. Al fin llegó el tan ansiado momento: el proyecto de movilidad jubilatoria, enviado en julio al congreso por la presidenta Cristina Kirchner obtuvo la sanción, con algunas modificaciones. En esta norma, –que regirá desde el 1 de enero de 2009 y alcanzará a 5 millones de jubilados– se prevén dos ajustes anuales, en marzo y septiembre, en base a la evolución de cada semestre. Como se verá, el trayecto para conquistar la codiciada movilidad resulta más áspero y trabajoso de lo esperado.

La iniciativa establece una fórmula para calcular la movilidad que combina en partes iguales la recaudación previsional dividida por la cantidad de beneficios que paga la Anses, y la variación salarial de los trabajadores en actividad. La oposición, las organizaciones de jubilados y la CTA disienten con este procedimiento e impulsarán que se tome como único parámetro el índice salarial, lo cual implicaría un mayor aumento para la clase pasiva. Su cuestionamiento se centra en que el incremento de los haberes deba supeditarse a la disponibilidad de fondos de la Anses porque esto equivaldría, en la práctica, a colocarle un tope a la movilidad. El Gobierno justificó esta cláusula en la necesidad de garantizar la sustentabilidad del sistema ante eventuales crisis.

Enrique Raffo, presidente de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, impugna con firmeza la medida: El proyecto oficial no tiene nada que ver con lo que venimos reclamando los jubilados desde hace 17 años en las puertas del Congreso: el 82 % móvil en igual categoría, cargo o función. Se desconoce la doctrina de la Corte en el sentido que los haberes previsionales deben representar una proporción razonable del salario de los trabajadores activos. Esta sería la verdadera movilidad y no la propuesta por el Ejecutivo, que es un engaño. A pesar de que se dice ‘nacional y popular’, el gobierno sigue haciendo oídos sordos a nuestras demandas y no es por falta de fondos, dinero hay: las reservas del Banco Central ascienden a 47.000 millones de dólares y las del Anses a $ 21.000 millones”.

Asimismo, los bloques opositores insistirán en que se estipule la intangibilidad de los recursos de la Anses para impedir que el gobierno desvíe esas reservas hacia otros fines, como el pago de la deuda externa, provocando la descapitalización de las cajas. También plantearán que antes de la puesta en marcha de la movilidad, se reconozca la retroactividad y haya una compensación para los haberes rezagados en relación con la evolución salarial. “El gobierno se llena la boca diciendo que es el que más aumentos dio a los jubilados pero lo único que hizo fue promover una pequeña recuperación de los haberes atrasados. Nos correspondería percibir el mínimo móvil de los trabajadores activos $1240 o, por lo menos, el 82 % $1000. Sin embargo, cobramos una mínima de $690 ($22 por día) que lleva al 90 % de los jubilados a estar bajo la línea de pobreza”, se lamenta Raffo. Aunque todavía no fue confirmado, es probable que antes de fin de año el Ejecutivo actualice la mínima, que servirá de base para calcular la movilidad. Si no lo hace, considerando que el porcentaje a aplicarse en marzo –de acuerdo a la fórmula– rondaría el 7 ó 7,5 %, el ajuste no superaría los $50, que se esfumaría con la inflación antes del cobro. “¿Acaso piensan que los jubilados no comemos, no nos vestimos, no compramos remedios?” vocifera el dirigente, indignado, y sube la apuesta: “Si en el Senado el proyecto se aprueba tal cual está, haremos una movilización masiva de repudio. Difundiremos los nombres de los legisladores que hayan votado a favor y los denunciaremos por alta traición a la patria por mandar a los jubilados a la muerte”.

Laura Brosio