El gobierno de Gerardo Morales está impidiendo el paso de manifestantes que se dirigen en camionetas trafic y colectivos a Ledesma, Jujuy, para asistir a la tradicional caminata por memoria, verdad y justicia a 47 años de la Noche del Apagón, pese a que existe una resolución de la justicia federal que avala la movilización.

Según informó una fuente que está viajando hacia allí, en Las Lajitas, ruta 34 y ruta 66 varios efectivos policiales de Seguridad Vial y Tránsito de Jujuy están multando y haciendo volver a quienes quieren llegar a la movilización en camionetas trafic, colectivos o remises.

"A los docentes que están yendo a participar de la Marcha del Apagón en Ledesma los detuvieron en San Pedro y los hicieron bajar de las 2 trafic en las que se transportaban. Al parecer les solicitaron un permiso provincial que no existe para transitar en una ruta nacional", informó otra manifestante. 

"Ahora las docentes van caminando por la vera de la ruta, esperando encontrar transporte ya que no quieren vender tampoco boletos (de colectivo) ni en San Pedro, ni en Caimancito. Es terrible lo que están pasando los colegas", añadió.

Martina Montoya, periodista y militante de derechos humanos, quien sí pudo asistir a un acto por los 47 años de la Noche del Apagón donde exalumnos de la Escuela Normal recordaron a sus 16 compañeros desaparecidos, contó que la conmemoración se hizo en la vereda de la institución porque "desde hace años, el gobierno de Gerardo Morales no nos permite ingresar al establecimiento (en esta fecha)".

Respecto a las dificultades para llegar a la marcha, Montoya contó que "Balut y otras empresas (de colectivos) no quieren vender pasajes y alquilar los micros para que el pueblo pueda movilizarse a Calilegua y realizar la marcha del Apagón". 

La marcha a la que intentan llegar miles de manifestantes en Jujuy se realiza todos los años para recordar a las víctimas de “La Noche del Apagón”, como se conoce a la ola de secuestros protagonizados por la Policía de Jujuy, la Federal, el Ejército y la Gendarmería en la semana del 20 al 27 de julio de 1976 en Calilegua, El Talar, Libertador General San Martín y otras localidades del departamento de Ledesma. 

A esos delitos también se los conoce popularmente como "el Apagón de Ledesma" debido a los cortes de energía eléctrica para oscurecer los pueblos que fueron la antesala de las detenciones ilegales de más de 300 militantes políticos y sindicales, maestros rurales, trabajadores y estudiantes, en las que se usaron vehículos y demás recursos del poderoso ingenio Ledesma. El dueño de la empresa azucarera, Carlos Pedro Blaquier, murió impune gracias a la protección del Poder Judicial el 13 de marzo de este año. 

Este jueves 20 de julio también se cumple un mes de la brutal represión por parte del gobierno de Gerardo Morales contra jujeños y jujeñas que protestaban contra la reforma constitucional aprobada en la provincia que, entre otras cosas, impuso justamente una criminalización de la protesta social.

Morales, el (anti)democrático

Horas antes de desplegar un nuevo ataque contra la libertad de manifestarse del pueblo jujeño, el gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Morales, publicó una carta abierta victimizándose en la que asegura que su gestión se enfrenta a “una nueva problemática que deben solucionar quienes aspiran a vivir en una sociedad democrática, libre y plural, con plena vigencia del Estado de Derecho". 

En el texto, publicado esta mañana en sus redes sociales, el mandatario de la UCR apunta contra “sectores violentos organizados a través de distintos grupos que, disfrazados de organizaciones intermedias de la sociedad, son financiados con recursos públicos y tienen como finalidad la presión sobre el sistema para obtener cada vez más fondos sin cumplir ningún estándar de transparencia ni rendición de cuentas sobre el manejo de los mismos”.

El accionar de esos grupos, sostuvo el gobernador, “se efectúa al amparo del gobierno nacional del Frente de Todos (FdT), que pone como condición para esa entrega de fondos públicos el permanente apoyo a su favor o la persecución y hostigamiento a sus adversarios políticos (según convenga), además de perseguir y violentar a los grupos y minorías que no se suman a las acciones políticas definidas por sus cúpulas”.

“Algunas organizaciones sindicales como la CTA, CTERA y SUTEBA”, continuó el radical en su texto, “entregan a sus trabajadores, de acuerdo con lo que surge de las últimas paritarias, y las llamadas organizaciones sociales kirchneristas llenan las calles de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país”.

“Vinieron a alterar la paz lograda porque en Jujuy, el Estado Provincial (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial) no reconoce el corte de calles y de rutas como una modalidad de protesta, sino como un delito”, remarcó el gobernador de Jujuy, por si no había quedado clara su postura con la represión del 20 de junio. Y agregó: “este es un nuevo problema de la democracia actual. A los riesgos de los golpes de mercado, ahora se suma otro riesgo, el riesgo del caos. El instrumento para amenazar la democracia de parte de sectores que cabalgan sobre el discurso de la exclusión es el caos”.

Bullrich, quien coqueteó durante meses con la posibilidad de ir a una fórmula con Morales pero terminó enfrentada a él en la interna, salió a respaldarlo, como hace cada vez que el precandidato a vicepresidente hace gala de su mano dura. "El orden es el punto de partida. No se negocia con los violentos", tuiteó la exministra, junto a un spot de campaña.

Cómo sigue la situación de los detenidos en Jujuy

Este jueves, los tres jóvenes que se encontraban detenidos con prisión preventiva en el penal del barrio Alto Comedero de la capital jujeña, a raíz de una denuncia realizada por una concejal de Humahuaca producto de los incidentes y represión del pasado 1 de julio en inmediaciones del municipio de esa ciudad, fueron liberados aunque permanecen imputados por diversos delitos.

Se trata de Agustín Zamboni, Renzo Laguna y Rolando Tapia, que habían sido apresados por efectivos de la policía provincial en Humahuaca. "El juez de feria dispuso la libertad de los tres muchachos en la audiencia de esta mañana, concretamente, a los fines de argumentar la solicitud del pedido de cese de prisión lo que no modificó en nada la imputación ni de ninguna cuestión que hace al proceso de investigación del hecho", explicó Lorena Mamaní, representante legal de los jóvenes.

La abogada comentó que en esa instancia, junto a su colega Luis Paz, lograron "argumentar de manera sólida la situación respecto de la pertenencia de los tres en la ciudad de Humahuaca, donde tienen sus domicilios y trabajan y no configuran una situación de peligro o de entorpecimiento de la investigación".

En el marco de las protestas contra la reforma constitucional y como resultado de las presentaciones de sus abogados, el lunes pasado fueron liberadas otras nueve personas detenidas en San Salvador de Jujuy que también habían sido alojadas en el penal de Alto Comedero. Otro de los apresados en la semana pasada fue el del abogado defensor de derechos humanos, Alberto Nallar, quien continuaba con prisión domiciliaria por 20 días en la capital jujeña.

FUENTE: PÁGINA 12  -  20-07-2023