EDITORIAL Nº 205 ABRIL DE 2012
La nueva y reciente ley aprobada por el Parlamento que modifica la Carta Orgánica del Banco Central viene a mejorar la regulación de los fondos públicos, el uso del crédito y los recursos del Estado.
Ahora bien, la puesta en vigencia de esta importante ley resulta insuficiente a la hora de desarticular la maraña financiera y especulativa que hoy domina la economía nacional, por lo que se hace necesaria también la aprobación de una ley de entidades financieras, que reemplace a la anterior nº 21.526, aún en vigor y que fuera aprobada en la época de la dictadura cívico militar del tándem Videla—Martínez de Hoz.
Pero además es preciso que el Parlamento apruebe una nueva ley tributaria que promueva una profunda transformación del actual esquema de impuestos, que es absolutamente inequitativo.
El 21% del IVA es, por empezar, un gravamen que pagan por igual ricos y pobres pero que grava directamente al consumo y no así a la ganancia. Los impuestos cobrados por el Estado deberían estar para suplir la injusta repartición de la riqueza, y redistribuir el producido en obras, servicios y beneficios sociales.
El Impuesto a las Ganancias (antes Réditos) debería ser proporcional a los grandes lucros. Es una injusticia total que hoy no tributen la venta y transferencia de acciones (timba bursátil), ni tampoco otras operaciones de carácter especulativo no productivas, como las colocaciones a plazo fijo y otros movimientos financieros.
En el caso de las grandes ganancias (como lo es en los EE. UU.), el impuesto debe elevarse al 50%, como una manera de inducir a las empresas a que reinviertan productivamente en lugar de repartir los sustanciosos dividendos, que van a parar en buena parte al exterior.
Se pondría así un límite a las ganancias extraordinarias, limitando la riqueza privada y más bien favoreciendo las actividades cooperativas y los pequeños emprendimientos o pymes.
Mucho se despotrica desde ciertos medios periodísticos hegemónicos, permeables al discurso opositor, la concentración del poder público, pero nada dicen éstos de la concentración económica monopólica. El silencio sobre este aspecto debe interpretarse como una complicidad intolerable.
El gran poder financiero que domina los mercados goza muchas veces de excepciones impositivas además de licencias de contratación escasamente controladas, como es hoy el caso de YPF, y Ferrocarriles, como un botón de muestra, para no entrar en otras áreas igualmente críticas como la minería, por ejemplo (que por si fuera poco utiliza métodos contaminantes de explotación).
Se hace más que necesario recuperar las riquezas nacionales, principalmente los hidrocarburos, que deben pertenecer a la nación y no a las provincias; fomentar la recuperación de la vías y ramales ferroviarios levantadas durante el menemato y el plan Larkin de Frondizi.
Se pasó de 50 mil kilómetros de vías en 1950 a solo 7 mil en la actualidad, y de 150 mil trabajadores a solo 12 mil. ¿¡¡No es esto un crimen de lesa patria!!? Sin embargo nadie está preso por tamaña tropelía.
Hasta la próxima
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