MAS GASTOS A LOS CONSORCIOS

Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal AIPH
 
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CONOZCA CÓMO EL GCBA ENCARECE SUS EXPENSAS
 
Sr. Habitante de la Ciudad
 
La verdad es escurridiza. Pero implacable.
Las expensas son cada vez más caras por la inflación y por los aumentos de la carga laboral que se
imponen cada año.
Pero no solamente por ello. Hay una gran causa que sobrevuela y es responsabilidad plena del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Efectivamente, a partir de la Ley 3254, el GCBA le dio plenos poderes al Director General de
Defensa del Consumidor (DGDYPC) Juan Manuel Gallo (con oficinas en Moreno 1170) para tomar
medidas destinadas a defender a los propietarios.
Muy lejos de ello, el Dr. Gallo viene dictando medidas mal fundadas, inconsultas, sin validación
técnica, sin sustento normativo y que en todos los casos aumentan los costos de los edificios.
En ningún caso participa a los sectores más afectados: los propietarios y sus representantes, los
administradores.
Muchos administradores, convencidos de que parte de nuestra tarea es defender el interés general
de la propiedad horizontal venimos luchando -con los medios a nuestro alcance- para limitar y
contener las ansias normativas del Dr. Gallo, quien además de multiplicar los costos genera
geniales negocios para pocos e intenta someter mediante sanciones arbitrarias a quienes nos
oponemos.
En el año 2008 y mediante la Disposición 2614 la DGDYPC resolvió que los matafuegos deben
desecharse cuando cumplen 20 años, aun habiendo superando la prueba hidráulica.
Además de eso, los matafuegos deben ser “mirados” por un matriculado cuatro veces al año y
recargados anualmente.
Esta carga regulatoria es inédita a nivel mundial y no es la única vigente.
Obligar a los ciudadanos de Buenos Aires a tirar matafuegos que servían significó, por lo bajo,
unos 800 millones de pesos en un par de años. Seis estaciones de subte.
Además, y hablando de fuego, apareció en el 2011 la Disposición 415 que versa sobre las
instalaciones fijas contra incendio. La misma exige una serie de controles obligatorios que solo
pueden llevar adelante las empresas que tuvieron la “suerte” de ingresar en el registro abierto a tal
fin.
Esta obligación, que implica unos cuatro controles al año, implica para un edificio de tamaño
mediano no menos de $ 12.000 anuales como mínimo. Sumamos 360 millones anuales. El sueldo
de unos 4.000 policías.
En plena revolución digital, a partir del 2010 fue incorporando libros inútiles de uso obligatorio para
los consorcios: libro de registro de firmas de copropietarios, sanitario y agua potable, certificación
de edificio seguro, de ingreso y egreso de proveedores y libro de instalaciones fijas.
Cada libro tiene un costo promedio de $ 200 con su rúbrica y oblea. Y hace unos días, en
septiembre, salió una nueva Disposición 2614 que determina la baja inmediata de los flamantes
libros “edificio seguro”, “sanitario y agua potable” y de “ingreso y egreso de proveedores”, pero
exige uno nuevo en reemplazo de ellos el “Libro de Datos 2010-2011-2012”. Resulta increíble, pero
el GCBA le hizo gastar al ciudadano 120 millones de pesos en papel. Talaron un bosque entero
para que el Sr. Gallo practique el ejercicio de su poder.
La Disposición 411/2011 estableció un “régimen” de “Edificio Seguro”. Por ella todos los edificios
de Buenos Aires debían contratar cada seis meses un ingeniero en seguridad para que verifique
que otros profesionales también pagados por el consorcio hayan cumplido con sus controles, como
los de limpieza de tanques, Ley 257, ascensores, etc.
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Con el tiempo y luego de producir un enorme negocio inicial, el plazo de seis meses se extendió a
dos años y se ampliaron los profesionales habilitados a emitir el informe.
La superposición insólita de controles pagada por uno mismo y dirigida a uno mismo tiene un costo
anual de más de $ 160 millones. Lo mismo que cuesta el almuerzo para todo el año de 22.000
chicos.
En septiembre de este año y mediante la Disposición 1698 y al margen de todas sus atribuciones
decidió que se disponga un curso anual obligatorio de capacitación en temas de seguridad para los
encargados de edificios que cuesta $ 500 por cabeza.
Se otorgó autorización para impartir dicho curso a una única institución, el SERACARH, que no
tiene ningún parecido con una institución educativa y que fue creada para otra cosa (que también
pagan los propietarios).
Es decir, unos 30 millones anuales que alcanzarían para comprar e instalar 15.000 cámaras de
seguridad profesionales con conexión IP.
La Disposición 2246 exige la compra de una máscara antihumo cuyo costo ronda los $250
promedio. Sobre dicha máscara la Defensoría del Pueblo de la Ciudad recomendó a la DGDYPC
dejar sin efecto la aplicación de dicha resolución por la carencia total de sustento técnico y el INTI
la desaconsejó enfáticamente por resultar inadecuada y peligrosa. No hubo respuesta al respecto.
Mientras tanto, los propietarios de Buenos Aires han pagado unos 15 millones de pesos, el sueldo
anual de 25 dotaciones de bomberos.
También se exige, a partir de la Disposición 6013, que una porción importante de los consorcios
(20% aproximadamente) contraten un seguro de caución por el daño ambiental que pueda
producir un edificio funcionando y que tiene un costo anual de $ 1.500 aproximadamente.
Insólitamente en Buenos Aires vivir en edificio se considera riesgoso para el medio ambiente, al
nivel de la industria petroquímica o extractiva.
La procuración de la Ciudad dictaminó que dicha obligación contradice la Ley Nacional de Ambiente
y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad recomendó a la DGDYPC rever dicha disposición. Gallo
respondió por la negativa, aduciendo que la gente estaba contenta con la nueva obligación.
Aquí se nos van otros 30 millones anuales, suficientes como para mantener funcionando varias
escuelas.
La flamante resolución “expensas claras” obliga a liquidar expensas bajo un modelo único, a enviar
las mismas por mail, a escanear y publicar en internet los comprobantes, a eliminar el efectivo
como medio de pago válido para cobrar expensas y pagar gastos.
Este supuesto “salto al futuro” que ensaya ahora el superior de Gallo, Eduardo Macchiavelli
representará un costo adicional de $ 10 por unidad funcional aproximadamente. Es decir, unos 240
millones anuales menos para los ciudadanos de Buenos Aires.
Acá solo mencionamos costos directos y no hablamos del incremento en la burocracia y en los
costos de administrar, en las multas injustas y en la corrupción derivada de inspecciones
tramposas. Tampoco mencionamos otras disposiciones para no abundar.
Unos pocos no podemos desarticular este monstruo creado a partir y con la excusa de la Ley
Abrevaya.
Necesitamos que todos manifestemos nuestro desagrado al Jefe de Gobierno y al Director General
en particular para exigir la derogación de estas disposiciones y evitar además que se continúen
tomando medidas de irracionalidad semejante.
 
Comisión Directiva AIPH