jueves, 1 de junio de 2017

EL HOTEL BAUEN



RECUPERADO POR LOS TRABAJADORES





El pasado jueves 19 de abril se emitió una resolución judicial que evitó el desalojo del Hotel Bauen, de la calle Callao 360, administrado por los trabajadores desde el mes de marzo del 2003.
Fue realmente un alivio, a una situación que se veía muy difícil ante un desalojo que parecía inminente. Hubo una resolución de la Cámara de Apelaciones a favor de aceptar el recurso de queja que habían interpuesto los abogados de la cooperativa del Bauen. Eso suspendió el desalojo pero todavía no se expidieron sobre la cuestión de fondo, que es el planteo de la cooperativa de que aún no se resolvió legislativamente la expropiación, porque hay un veto presidencial, pero todavía el Congreso lo puede rechazar. Lo que se hizo fue ganar tiempo.
La jueza Paula Hualde, del Juzgado Comercial 9, dictó el 2 de mayo pasado el desalojo del Hotel Bauen, gestionado en cooperativa por sus trabajadores, quienes convocaron a organizaciones políticas, sociales y sindicales a elaborar un "plan de acción" para evitar que se concrete la decisión judicial y anunciaron que recurrirán al Congreso para que rechace el veto presidencial a la ley de expropiación aprobada por ambas cámaras.
El vicepresidente de la cooperativa del Bauen, Federico Tonarelli, informó a Télam que "nos llegó la notificación y en asamblea decidimos recurrir al Congreso para que rechace el veto presidencial a la ley de expropiación aprobada por ambas cámaras".
El desalojo estába previsto para el próximo 14 de abril,   luego que el presidente Mauricio Macri vetara la ley de expropiación aprobada por el Congreso, que otorgaba la propiedad del hotel a la cooperativa de los trabajadores.
La resolución de la jueza ordena devolver las instalaciones del inmueble ubicado en Callao 360 a su antigua propietaria, la empresa Mercoteles, que lo había cerrado en diciembre de 2001, hasta que en marzo de 2003 los trabajadores comenzaron a gestionarlo. En la actualidad, la cooperativa da trabajo a 150 familias.
El problema es más político y social que judicial y el final es impredecible, y depende en gran medida de la resistencia de los trabajadores y de la solidaridad que éstos  reciban.










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