Bruzzone Elsa María
EL CEMIDA Y EL OPERATIVO CONDOR
OPRATIVO ENTRE DICTADURAS
En los Tribunales de Comodoro PY se ha iniciado una MEGACAUSA para investigar la participación y probable conducta delictiva de personas involucradas en el ”OPERATIVO CONDOR”. Sus resultados pueden ser trascendentes, no sólo en Argentina sino en otros países que pueden tener ciudadanos involucrados en delitos cometidos durante su vigencia. Para tener una idea de los asuntos investigados y de la participación que ha tenido en el Juicio el CEMIDA, presentamos esta síntesis.
Al caer la dictadura de
STROESSNER en el Paraguay
comenzaron a rehabilitarse parte de los
derechos civiles y políticos antes vedados. Ello permitió que, en diciembre de
1992, el dirigente defensor de los
derechos humanos paraguayo MARTIN ALMADA, posteriormente premio Nobel
Alternativo de la Paz, investigara los antecedentes del asesinato de su esposa
y de su propio arresto ilegal, seguido de torturas, en Asunción. Durante sus investigaciones descubrió numerosa
documentación que daba cuenta de operaciones desarrolladas en forma concertada
e ilegal por las dictaduras militares de toda la Región desde aproximadamente
1970 hasta fines del año 1985. El procedimiento legal que habilitó ese descubrimiento
de ALMADA fue dirigido por los Jueces
José Agustín Fernández y Luis María Benítez Riera, y el 24 de diciembre de 1992,
al allanarse la Dirección Nacional de
Asuntos Técnicos, se descubrió una múltiple documentación que trata sobre
fichas de de personas ilegalmente detenidas, torturadas y hasta asesinadas en
toda Sudamérica. Posteriormente se realizaron dos allanamientos más, el
primero, en enero de 1993 al Departamento Judicial de la Policía y el segundo a
la Comisaría Tercera de Asunción, donde se secuestró gran cantidad de
documentos, libros y fichas referidos a perseguidos políticos.
Ese mismo
mes un equipo
de trabajo conformado por: funcionarios de la Corte Suprema de Justicia
del Paraguay, fiscales, personal del Ministerio Público y de Organizaciones no
Gubernamentales como CIPAE (Comité de
Iglesias para Ayudas de Emergencia), CDE (Centro de Documentación y Estudios), así
como por víctimas y familiares, inició
el inventario de los materiales
descubiertos. El 21 de febrero la Corte
Suprema de Justicia y el Ministerio
Público firmaron conjuntamente un Convenio con la Agencia para el Desarrollo
Internacional (AID) para estudiar los documentos y el 31/12/93 se entregó un Informe de lo investigado Toda la
documentación analizada fue llamada por la justicia: “Documentación del OPERATIVO CONDOR”.
El
descubrimiento de estos
archivos cambió la información existente
hasta entonces acerca de la forma de operar del Terrorismo de Estado
continental. Los archivos ofrecieron un
esbozo documental de los orígenes, los propósitos y la organización del
OPERATIVO CONDOR y en ellos se determinó que, durante 1975, a
instancias de Chile, los Servicios de Inteligencia del Cono Sur
institucionalizaron una cooperación ilegal informal que existía de
hecho. La misma
aparece contenida en una
carta enviada por el general Contreras de la DINA (Chile) al
general paraguayo Guanes Serrano, donde
se denomina Primer Encuentro de Trabajo de Inteligencia
Nacional a lo que llamarían posteriormente CONDOR. Contreras ofreció
las instalaciones de la DINA
como el cuartel general para "la
centralización de la información sobre los antecedentes de personas,
organizaciones y otras actividades conectadas directa o indirectamente con la
subversión”. Algo similar a la Interpol
de París, pero dedicada a combatir la
subversión con métodos ilegales. El
primer encuentro convocado por Contreras tuvo lugar en el cuartel general de la
DINA, en Santiago de Chile, durante el mes de octubre de 1975. De acuerdo con
la documentación descubierta los asistentes fueron Jefes de la Inteligencia Militar
de la Región. Por Argentina, firmó el CAPITAN DE NAVÍO JORGE CASAS, y lo mismo hicieron los
representantes de Brasil, Paraguay y Uruguay. Un mes más tarde implementaron el OPERATIVO
CONDOR, así llamado por uno de los
asistentes que dijo que los apresados “volarían
por los aires como un cóndor”. Quedaron
configurados un Banco de Datos,
un Centro de Información y “Talleres”. Con
ese término se aludía a las sesiones de planificación de
los grupos multilaterales de agentes
encargados de vigilar, arrestar, encarcelar, torturar y repatriar a los opositores regionales.
El Segundo Encuentro de “Inteligencia” afinó los mecanismos para el
intercambio de prisioneros e información secreta. Guanes Serrano informó a Stroessner que "la primera fase era el
intercambio de información sobre el enemigo [exiliados políticos] y ya estaba
funcionando. La segunda fase correspondería a la investigación del objetivo y
la tercera fase a la detención [secuestro] y traslado de los objetivos a su
país de origen”. Según los
documentos, Guanes Serrano destacó que los intercambios de prisioneros tendrían
lugar directamente entre los Servicios de Inteligencia y que los agregados
militares de las embajadas actuarían como enlace. Como se puede apreciar a la
luz de estos ejemplos parciales, los archivos paraguayos aportan una
prueba irrefutable de la existencia del OPERATIVO CONDOR y
proporcionan una apropiada base para el ENJUICIAMIENTO de quienes
cometieron crímenes de todo tipo durante su vigencia.
Como en otras oportunidades la
Justicia requirió la participación del CEMIDA para proporcionar un Perito Militar
y, como en 27 juicios anteriores, el Coronel (R) José Luis García, su Presidente,
aceptó esa responsabilidad. El lunes 22
de setiembre en el Juicio de referencia expuso, durante casi 5 horas, el
contenido de su peritaje que, en síntesis, abarcó los siguientes aspectos: Situación que se vivía en la Región
durante la aplicación de la DOCTRINA
DE LA SEGURIDAD NACIONAL DE LOS EE.UU y el
rol de la ESCUELA DE LAS AMÉRICAS en la
enseñanza del accionar de las fuerzas militares continentales en los que
llamaron CONFLICTOS de BAJA INTENSIDAD. Recalcó
la actuación preponderante en ellos de
los integrantes de la llamada INTELIGENCIA MILITAR y como, para el
cumplimiento
de esa nueva misión, fue necesario transformar la histórica organización
de las
FF:AA, establecida para defender el territorio, las personas y los
recursos disponibles contra un enemigo exterior, por
otra estrategia que requirió capacitarlas para su empleo en una nueva
forma de lucha
contra un nuevo enemigo, ahora ideológico y conformado por los propios
habitantes. Además se debía impedir, de cualquier manera, la
diseminación de información de todo tipo que pudiera incidir
en la forma de pensar que no fuera la impuesta por los represores la
cual fue absurdamente calificada como “OCCIDENTAL Y
CRISTIANA”. Todo ello exigió un riguroso
y permanente control de la población, para lo cual fue imprescindible
transformar la tradicional estructura orgánica militar existente,
remplazando
las organizaciones tradicionales, aptas para
el combate contra un enemigo exterior, por otra que permitiera el férreo
control
del propio territorio. Así los
Cuerpos de Ejército pasaron a denominarse ZONAS DE DEFENSA; los
Regimientos AREAS; y algunas de las fracciones menores SUBAREAS.
Todos ellos con absoluto control militar del propio
espacio territorial y de sus habitantes,
funciones concedidas al margen de sus legales atribuciones
constitucionales. A
estas anomalías se sumó la adopción de una nueva doctrina para el empleo
de estas
nuevas organizaciones castrenses, impartida desde la zona del Canal de
Panamá
donde funcionaba la tristemente célebre Escuela Militar de los EE: UU
llamada
“De las Américas”. Allí se enseñaron las
nuevas formas de operar para la represión militar que incluían
atrocidades y
tormentos que con sólo enunciarlos
ofenden la condición humana. Para esas misiones resultaron poco aptas
las
condiciones militares tradicionales de los cuadros militares y
adquirieron
preponderancia las de los integrantes del Personal de ”
Inteligencia “ que las adquirían masivamente
en esa escuela extranjera.
El Perito Militar explicó al
Tribunal como, en el año 1972, conoció
al Presidente de la Cámara de Diputados del Uruguay, Dr. GUTIERREZ
RUIZ, y narró las circunstancias de su posterior exilio, en 1973, en
ARGENTINA, tras el Golpe de Estado en el Uruguay del
entonces Presidente Bordaberry. Cuando el 20 MAYO 1976 se produjo SU SECUESTRO Y el 22
DE MAYO
SU ASESINATO en Buenos Aires, surgieron
las PRIMERAS SOSPECHAS DE LA EXISTENCIA DE UN ACUERDO BINACIONAL DE LOS RESPONSABLES
de la comisión del aberrante crimen. También
se sugería el nombre de algunas personas argentinas probablemente involucradas:
el Gral. OTTO PALADINO y el Civil ANIBAL GORDON, ambos notorios miembros del sistema de inteligencia militar argentino.
Además como lugar del crimen se
mencionaba la existencia de algo nuevo y de características increíbles: un Centro
Clandestino de Detención denominado AUTOMOTORES
ORLETTI.
El 5 de abril de 1985 se produjo el testimonio
del CNL
(R) José Luis García EN EL JUICIO A LAS JUNTAS y allí, como Testigo, expuso la posibilidad de ese
contubernio para el crimen, narrando el fundamento de las sospechas existentes.
Además como resultado de su condición de Profesor de
la materia Defensa Nacional en la
ESCUELA DE DEFENSA NACIONAL, fue nombrado Perito Militar de ese Tribunal.
Su posterior relación con el Dr. MARTIN ALMADA y
el diálogo resultante logró que se aumentaran las sospechas del entendimiento
de ambas dictaduras para acciones ilegales. Cuando el 22 de diciembre de 1992
el Dr. ALMADA descubrió los “ARCHIVOS DEL TERROR” en Asunción y entre ellos el
documento REUNION DE INTELIGENCIA EN CHILE de diciembre de 1975, quedó clara la
existencia del OPERATIVO CONDOR. La documentación complementaria encontrada
demostró la forma de operar en EL CONFLICTO DE BAJA INTENSIDAD y la preponderancia
de los elementos de “INTELIGENCIA” en ellos.
Además quedó probada la existencia de
una metodología para el ilegal seguimiento, vigilancia, detención,
interrogatorios con apremios, el
traslado entre países, y el asesinato de
los supuestos “subversivos”. COMPLETANDO EL CICLO DE LOS DESCUBRIMIENTOS, EL 18
JUNIO DE 2013 LA CONSULTORIA NACIONAL PARA APOYAR LA INVESTIGACIÓN DEL RESCATE
HISTÓRICO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, POR ORDEN JUDICIAL, INVESTIGÓ SU CENTRO
DE DOCUMENTACIÓN CON EL APOYO DE LA
FUNDACION CELESTINA PEREZ DE ALMADA. Otra
vez ALMADA lograba el hallazgo de una frondosa
documentación que ratificó totalmente la puesta en marcha de LAS ILEGALES
OPERACIONES DEL PLAN CONDOR. Así quedó
abierto el camino para que la Justicia
actúe para castigar a quienes fueron
culpables y el CEMIDA ha brindado su aporte para la consolidación plena de la
libertad y el respeto a los Derechos Humanos, logro
fundamental de la Democracia que hoy disfrutamos plenamente.
BUENOS AIRES,
8 DE OCTUBRE
DE 2014
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