La victoria de Castillo ha sido un duro golpe para la clase política peruana y una bofetada para la elite. Desde que se conocieron los resultados el fujimorismo se mostró desesperado, llegando a apelar a toda clase de recursos para desconocer el voto popular: todo tipo de denuncias de fraude e impugnación de actas –el 90% declaradas infundadas-; la infiltración de personajes afines en el Jurado Nacional de Elecciones para ralentizar el proceso de proclamación; una campaña absurda de miedo al comunismo; y la apelación a organismos internacionales. En todos los casos el fujimorismo fue derrotado a pesar de tener –aún hoy- una fuerte injerencia en el Congreso saliente que ha buscado distintos mecanismos para limitar o condicionar al próximo Ejecutivo: desde el nombramiento de miembros del Consejo de la Magistratura hasta reformas constitucionales exprés. Por su parte, el retraso en el inicio de la transferencia de gestión complica algunos de los lineamientos del programa para los 100 primeros días de gestión de Pedro Castillo, quien hasta el momento no ha anunciado a la totalidad de su Gabinete.

Uno de los principales bastiones del fujimorismo, la gran prensa y la TV, ya no tienen el poder de antaño y han menguado su influencia sobre la opinión pública. Recientemente salió a la luz una serie de audios en las que Vladimiro Montesinos, personaje clave de la última dictadura que se encuentra recluido en un penal de máxima seguridad, da indicaciones por teléfono a operadores sobre la campaña de Keiko. Sumado a ello, miembros de Fuerza Popular viajaron a EE. UU. para pedir injerencia en la OEA pero a diferencia de Bolivia, protagonizaron un doble papelón: nadie los recibió y para colmo de males convocaron una rueda de prensa de magra convocatoria que generó el efecto adverso: una politóloga peruana que reside en EE. UU. los increpó como “golpistas” lo que sí fue replicado por la prensa internacional.

Si bien Keiko no representa una amenaza, la derecha sediciosa sigue presente en la figura de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Alfredo Barnechea (Acción Popular) y, aunque el golpe no fue consumado, se espera que surjan nuevas artilugios, la amenaza es clara: vacarlo desde el Congreso tal como se ha hecho con Kuczynski y Vizcarra, y hacerlo este año. Para ello, han comenzado nuevas campañas un supuesto financiamiento ilegal de Perú Libre. A diferencia de otras latitudes donde el Lawfare tuvo un objetivo claro: acabar con los gobiernos progresistas, en Perú se dio de otro modo, un todos contra todos que destapó casos de corrupción y judicializó a actores ideológicamente variopintos, entre ellos los últimos cinco presidentes desde el retorno democrático. Esta será la primera vez que la Justicia, la prensa y Congreso tengan un Ejecutivo progresista, por lo que todo es esperable, ya que las operaciones psicosociales no solo abarcan la corrupción sino cada aspecto de la vida pública o privada de sus enemigos.