SANTIAGO MALDONADO

REPRESIÓN EN EL SUR

Santiago no se ahogó solo

Por JUAN ALONSO | 8 de septiembre de 2019

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó reabrir la causa por la muerte de Santiago Maldonado. Dispuso investigar el rol de Gendarmería Nacional durante la represión para determinar si hubo «omisión» de los funcionarios de seguridad. Si bien descartó la figura de “desaparición forzada de persona”, admite que no se realizó una pesquisa exhaustiva. Los magistrados cuestionaron la autopsia y ordenaron nuevas pericias. La Cámara también anuló el sobreseimiento del efectivo Emmanuel Echazú. Una vez más, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió en defensa de los gendarmes y atacó a la comunidad mapuche.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia resolvió reabrir la causa por la muerte de Santiago Maldonado, con un dictamen de 18 páginas, que encuadra algunas cuestiones sinuosas para el poder real y la intervención directa del Estado en el hecho –por ejemplo, el rol de la Gendarmería Nacional en la represión ilegal dentro de la Pu Lof en Resistencia de  Cushamen, provincia del Chubut, luego de las 11:32 de la mañana de aquel 1 de agosto de 2017–, cuando Santiago Maldonado fue visto por última vez con vida, tras ser fotografiado por esa misma fuerza represiva en la Ruta 40.

Si bien los jueces Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez, y Hebe Corchuelo de Huberman descartaron la figura penal de “la desaparición forzada de persona”, que denunció la familia Maldonado desde un primer momento y llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiendo “una investigación independiente”, sin la actuación de las fuerzas sospechadas; los magistrados admitieron que no se realizó una pesquisa exhaustiva y que el expediente fue archivado por el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, sin haber resuelto algunos interrogantes que persisten en el tiempo.

La Cámara puso en cuestión la autopsia, porque no resuelve la data de muerte de Santiago Maldonado y ordenó nuevas pericias sobre el polen que contenía la ropa de la víctima y las diatomeas (algas unicelulares que atraviesan los pulmones) para precisar con la mayor certeza posible si el cuerpo de Santiago pudo haber estado en el río Chubut 78 días –desde el 1 de agosto, momento en que desapareció, hasta que fue hallado por buzos de la Prefectura Naval, el 17 de octubre de 2017, poco antes de las elecciones legislativas–.

En la última página de la resolución de Alzada, los camaristas subrayaron: “Como ya sostuvimos supra, consideramos que se investigó una sola hipótesis delictiva –aquí definitivamente descartada– sin que haya sido objeto la valoración y pronunciamiento de algún posible nexo causal entre la omisión del personal de Gendarmería o de quienes se introdujeron en el río con Maldonado”.

Este punto nodal no sólo pone el foco sobre los gendarmes, ya que la Cámara también anuló el sobreseimiento del efectivo Emmanuel Echazú (defendido y ascendido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich), sino que amplió el campo de sospechas hacia las víctimas de la represión: los mapuches y su recuperación territorial al magnate italiano Luciano Benetton. Cuando la Cámara eligió la palabra “omisión” se está refiriendo a la figura penal de “abandono de persona”. No lo expresó en el escrito, aunque lo dejó latente. Por lo tanto, de ahora en más, la instrucción penal que tome la causa, deberá dilucidar dónde estuvieron los diez gendarmes –entre ellos, Echazú–, cuando llegaron a la vera del río, en momentos en que Santiago comenzó a sufrir hipotermia. También el Poder Judicial deberá resolver qué pasó con los testigos de la comunidad mapuche, Lucas Pilquiman, Matías Santana y Nicasio Luna Arratia.

En los casos de Lucas y de Nicasio, ambos cruzaron el río con la víctima y dijeron que Santiago se volvió sobre sus pasos hacia la zona de sauces que bordean la costa. Su cuerpo fue encontrado a siete metros de ese lugar. El mismo sitio había sido requisado en varias intervenciones de las fuerzas federales, que durante la etapa del primer juez de la causa, Guido Otranto (apartado por supuesta parcialidad), accedieron al territorio durante horas, sin obtener resultados positivos.

Ver resolución de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia

Ventanas a lo inesperado

Rápida para las declaraciones fuera de métrica, en su momento afirmó que los mapuches pertenecían a una presunta organización terrorista, solventada desde Gran Bretaña, la ministra Patricia Bullrich dijo que “lo de abandono de persona está dirigido a los compañeros de Maldonado que no hicieron nada”.

¿Quiénes son los compañeros de Maldonado? Pilquiman, Santana y Luna huían de la represión desatada por el Estado a través de Gendarmería, con balas de goma, machetes, bastones, palos, piedras, escopetas 12/70, y pistolas calibre 9mm, cuyos efectivos entraron de cacería humana, sin orden judicial al territorio mapuche donde estaba Santiago Maldonado. Aquí las declaraciones de la ministra:

Patricia Bullrich: «Lo de abandono de persona está dirigido a los compañeros de Maldonado que no hicieron nada»

Bullrich se apoyó en el supuesto delito en flagrancia tras el corte de la ruta 40, pero no explicó por qué el personal de Gendarmería se acercó con armas hasta el río, quiénes fueron, qué hicieron y si alguno de ellos pudo haber visto a Santiago agonizando con hipotermia. ¿Quién posee el control de la fuerza pública? ¿Los compañeros de Santiago o la Gendarmería enviada por Bullrich a la provincia de Chubut? Está claro que el fallo de la Cámara puso nerviosa a la ministra. Ella defendió al gendarme Echazú y ahora la Justicia deberá aclarar qué participación tuvo en el hecho. Y no sólo él. Los magistrados ordenaron “una reconstrucción virtual” sobre el escenario. Es decir que la fuerza tendrá que abandonar de una vez por todas, “las deposiciones administrativas” de los gendarmes, que fueron plantadas en el expediente por los operadores del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané, Daniel Barberis y Pablo Noceti.

Los jueces reflejaron en el dictamen una conversación telefónica de Noceti con el comandante de Gendarmería Fabián Méndez, el 3 de agosto. Allí sugieren que se buscaba “desprestigiar” a la fuerza, pero nada se explicó sobre la presencia de Noceti en la Estancia Leleque de Benetton antes de la desaparición de Maldonado. Tampoco se abundó sobre la doctrina de la flagrancia que el mismo Noceti propagó con insistencia ante los jefes zonales de las fuerzas federales y policías provinciales en Río Negro.

¿Todo es responsabilidad de los compañeros de Santiago Maldonado? ¿Por qué el cuestionado juez Otranto recibía a Cané en su despacho y tomaba las testimoniales con ese funcionario del Ministerio de Seguridad en las audiencias? ¿Por qué nunca se aclaró la presencia de Noceti en Chubut antes de la desaparición de Santiago Maldonado?

De las palabras de la señora ministra se evidencia que anhela responsabilizar a los mapuches. La estrategia del Estado es culpar, una vez más, a los pueblos originarios de la Patagonia. O sea: la doctrina Chocobar llevada a la máxima potencia por una funcionaria que viró de la lucha armada en los ’70 a la doctrina inquisitorial de Israel y Estados Unidos en el siglo XXI. Pasaron cosas. Patricia se reconvirtió.

Los verdes

En su edición del 7 de septiembre el diario Página/12 con la firma del periodista Sebastián Premici reconstruyó el paso a paso de los gendarmes en el río. “El detalle de las horas y segundos de la represión fue analizado por la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin) en un informe que fue ninguneado por el procurador interino Eduardo Casal, por la fiscal Silvina Avila y el juez Gustavo Lleral. Hoy puede ser clave para avanzar en la reconstrucción solicitada por la Cámara”, escribió Premici. Según él, “hubo disparos sobre el río. Hubo una cacería. El otro que confesó haberle disparado a un bulto azul o negro (Maldonado tenía una campera celeste oscura) fue Darío Zoilán. Lo dijo ante Daniel Barberis, responsable del área de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad y también en testimonial. ¿A quién le disparó? En su apelación al cierre de la causa, el CELS marcó la posible responsabilidad de este escopetero”. La Cámara también hizo mención al informe de la Procuvin en el fallo. Ver la nota:

Los gendarmes rodearon a Santiago

El 30 de noviembre del año pasado, cuando el juez Lleral mandó a archivar el expediente, repasábamos los enigmas de la causa:

¿Dónde estaba el grupo de alrededor de 15 gendarmes, cuando Santiago comenzó a sufrir hipotermia y agonizaba en la zona de los sauces?

¿Por qué el juez Lleral no reconstruyó el hecho con los testigos en la escena?

¿Por qué jamás aclaró la posición exacta del teléfono de la víctima antes, durante y después del hecho?

¿Por qué los medios oficiales y oficialistas dijeron que Santiago estaba en Chile, Córdoba, Entre Ríos, San Luis, y que era un presunto “terrorista” de la llamada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), organización a la que Elisa Carrió llamó con el mote de “rim” (sic)?

¿Fue la propia ministra la que mintió al afirmar en el invierno de 2017, que ese presunto grupo mapuche era solventado desde el Reino Unido?

¿Fue el periodista (hoy flamante empleado de la vaciada Agencia de noticias Télam), que propagó la versión de que Santiago habría sido herido en Epuyén por un puestero de Luciano Benetton?

¿Fueron ciertos columnistas del canal de La Nación y TN quienes afirmaron que Maldonado pudo haber sido asesinado por los mapuches?

¿Dónde están las respuestas del juez Lleral en su mamotreto realizado en tiempo récord?

¿Cómo hizo para escribir 270 carillas, luego de recibir el día 28 (apenas unas horas antes) las pericias del INTI sobre los DNI y la comparación sobre el documento de Santiago hallado intacto en el bolsillo de su pantalón?

¿Cuál es la mayor ventana de tiempo en condiciones similares al río Chubut que precisa esa pericia?

¿Por qué Infobae y Clarín accedieron a las conclusiones antes que las querellas?

¿Acaso esas conclusiones prueban el estado real del DNI de Maldonado y la idea de que estuvo los 78 días en un pozo del río sin ser visto en 7 rastrillajes?

¿Por qué no lo encontraron en los allanamientos anteriores sin la presencia de las partes y con absoluta violencia sobre los testigos y la vecina comunidad de Vuelta del Río?

¿Es verosímil, tal como afirma Lleral, que la escena del hallazgo del cuerpo haya sido revisada por las fuerzas federales tan solo una vez antes del 17 de octubre de 2017?

¿Si el cuerpo flotó poco antes de ser hallado, por qué no fue visto por la abogada Verónica Heredia en su visita al territorio y los mapuches que vivían allí?

Aquella nota de 2018 parece tener los mismos interrogantes que el fallo actual de la Cámara de Comodoro Rivadavia que pone fuera de foco a la ministra Bullrich y sus aliados mediáticos del panquequismo.

Lo que viene

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó “reeditar” la testimonial del testigo Lucas Pilquiman. Esto significa que deberá ser interrogado de nuevo. Esta vez, con la presencia de las partes, porque el juez Gustavo Lleral le tomó declaración en un Juzgado de Paz de Epuyén, con la oposición de la familia Maldonado y del Ministerio Público Fiscal. Como es obvio la causa no podría recaer de nuevo en Lleral, quien cerró la pesquisa y está recusado. La flamante fiscal federal de Esquel es Virginia Carranza. A diferencia de la subrogante anterior, Silvina Ávila, Carranza tiene antecedentes que demuestran su capacidad investigativa en asuntos complejos. Este hecho de gravedad institucional que movilizó a la sociedad y reflejó la política de (in)seguridad de Mauricio Macri y su narrativa de la crueldad es un misterio aún sin descifrar para el Poder Judicial. El único funcionario que intentó seguir la huella de la presunta responsabilidad institucional de las fuerzas represivas del Estado fue el defensor oficial de Esquel, Fernando Machado, a quien el juez Otranto solía responder “téngase presente”.

Lo cierto es que las instituciones de la democracia están en deuda con la familia Maldonado. Ni siquiera lograron aclarar qué sucedió con la llamada del amigo de Santiago, Ariel Garzi, a horas de la desaparición. La Cámara dispuso que se reitere la pericia. La empresa telefónica radicada en Uruguay nunca respondió el oficio. Insólito. Al igual que la falta de criterio de los actuantes de la causa. Jamás se reconstruyó la escena del hecho con los protagonistas presentes en ese marco de complejidad. El Estado persiguió, hostigó, espió y torturó al infinito a la familia Maldonado. El relato actual de la ministra Patricia Bullrich estigmatiza a los mapuches que fueron víctimas de la represión que desató la muerte de Santiago Maldonado. Sin represión, no habría muerto. Lo que generó su muerte fue la intervención de la Gendarmería en territorio mapuche recuperado, sin orden judicial.

Santiago no se ahogó solo.

*El autor estuvo a cargo de la investigación periodística del documental “El camino de Santiago”, que dirigió Tristán Bauer, con guión de Omar Quiroga y Florencia Kirchner, y la producción de Jorge Devoto, Osvaldo Papaleo y Jon Alpert.