PARAGUAY

Paraguay: intervencionismo imperial

Por Rina Bertaccini (*)

Los hechos acaecidos en el período reciente muestran, sin lugar a
dudas, que el Paraguay sigue estando en la mira del intervencionismo
imperialista. Intervencionismo que se constituye en un ingrediente
esencial de la trama de condicionamientos y amenazas que socavan la
estabilidad del gobierno de Fernando Lugo.
Se está aplicando en este país –aunque no solamente allí- un esquema
imperial de intervención y ocupación que abarca todos los planos y las
más diversas formas, una política que los documentos oficiales del
Ministerio de Defensa de los Estados Unidos mencionan como “dominación
de espectro completo” y definen como la estrategia que permitirá a la
fuerza militar de Estados Unidos cumplir sus objetivos de dominio
sobre el resto de los pueblos del mundo. Al respecto el documento
Joint Vision 2020 dice textualmente “la calificación de dominio de
pleno espectro implica que las fuerzas de EEUU son capaces de conducir
sistemática, sostenida, y sincronizadamente las operaciones y
combinaciones de fuerzas a la medida de situaciones específicas y con
el acceso y la libertad de operar en todos los ámbitos” incluida la
información.
La injerencia norteamericana no es nueva en Paraguay. Oportunamente
hemos denunciado la existencia en el Chaco paraguayo de la base
militar Mariscal Estigarribia (con su gran pista de aterrizaje de
3.800 metros de largo) a disposición del Pentágono, la base de la DEA
en Pedro Juan Caballero, al nordeste, en la frontera con Brasil, así
como la serie de tareas de entrenamiento militar de efectivos miitares
y policiales, los seminarios de adoctrinamiento y los llamados
operativos Medrete realizados por oficiales del Comando Sur de Estados
Unidos, en los años 2005 y 2006, cuando el gobierno de Nicanor Duarte
Frutos permitió y brindó inmunidad, durante 18 meses, el ingreso de
tropas yanquis autorizadas a desplazarse por todo el territorio
paraguayo y con amplio acceso a la población civil con la cual
pudieron cumplir “tareas humanitarias” y de inteligencia militar. Es
conocida también la presencia de una embajada USA que ocupa un extenso
predio de Asunción, junto a delegaciones de la CIA (Agencia Central de
Inteligencia), el FBI (Oficina Federal de Investigaciones) y la USAID
(Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos).
Como ya dijimos, esto no es nuevo. Pero ahora y en el marco de la
compleja situación que afronta el gobierno de Fernando Lugo tiene
lugar una nueva ofensiva intervencionista y desestabilizadora, donde
se pone públicamente en evidencia la injerencia descarada de la actual
embajadora Liliana Ayalde quien antes de instalarse en Asunción había
sido Directora de la USAID en Bogotá.
Al respecto es muy importante la denuncia formulada por el abogado
Juan A. Martens, miembro de la Coordinadora de Derechos Humanos de
Paraguay (CODEHUPY), en un artículo publicado el 7 de septiembre
pasado con el sugestivo título: Paraguay ya tiene su Plan Colombia. Se
llama “Iniciativa en la Zona Norte (IZN)”.
Dicha Iniciativa toma como base un acuerdo de cooperación bilateral
firmado el 26 de septiembre de 1961 con los Estados Unidos durante la
dictadura de Alfredo Stroessner, en el marco de la Alianza para el
Progreso, la cual supuestamente contribuiría a satisfacer “las
necesidades de los pueblos de América Latina” en materia de vivienda,
trabajo, tierra, educación y salud. Con el argumento de que la IZN
es apenas una prolongación del Acuerdo General de 1961, no fue llevada
a debate ni sometida a aprobación del actual Congreso Nacional,
teniendo en cuenta que aquel Acuerdo ya había sido aprobado hace 50
años por el Parlamento paraguayo. “De esta manera –señala Martens- se
sustrajo del debate público y la posibilidad que sus cláusulas sean
discutidas y analizadas de manera exhaustiva”. Denuncia además que
“la Iniciativa en la Zona Norte tiene como objetivo recibir asistencia
de los EEUU para que en Paraguay reforcemos la aplicación de la ley y
la seguridad a fin de reducir el crimen organizado”. La asistencia
será brindada por expertos enviados por el Gobierno de los Estados
Unidos que asistirán a instituciones y a funcionarios gubernamentales”
para lo cual se prevé destinar un monto total de 2.228.000 dólares, en
un periodo de dos años. Recibirán asistencia técnica el Ministerio
Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y la Secretaría
Nacional Antidrogas, en temas como estrategias de aplicación de la
ley, vigilancias y técnicas de investigación; recopilación,
procesamiento y difusión de datos e inteligencia.
“Este acuerdo –continúa Martins- es el ingreso oficial y público del
Gobierno de los Estados Unidos en la persecución de organizaciones
sociales en los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay y
Canindeyú, cuyas acciones de protesta y reivindicación de derechos
humanos, tan básicos como vivir en un ambiente sano de agrotóxicos o
contar con un pedazo de tierra, desde hace tiempo son considerados
delitos y sus miembros procesados por asociación criminal por los
agentes del Ministerio Público”.
Hay que tener en cuenta que en Paraguay ya existe una llamada “Ley
antiterrorista” que se aplica para criminalizar las protestas sociales
y reprimir –procesar penalmente, encarcelar, condenar- a los
luchadores. Pero el nuevo Acuerdo con Estados Unidos agrava las cosas
al sumarse “a la serie de disposiciones legales que refuerzan la
aplicación de un derecho penal del enemigo en Paraguay, es decir, un
ley especial, con menos garantías para aquellos que son considerados
desde determinados centros de poder como inclinados hacia el mal…”
Igualmente valiosa para arrojar luz sobre esta nueva oleada
intervencionista en Paraguay es la ponencia presentada en el IV
Encuentro Internacional de Economía, Política y Derechos Humanos
(Buenos Aires, septiembre 2010, Universidad Popular Madres de Plaza de
Mayo) por el periodista e investigador Idilio Méndez Grimaldi,
secretario de la Sociedad de Economía Política del Paraguay. En ese
trabajo señala la intromisión de la embajadora Ayalde en los asuntos
internos del Paraguay (quien se permite alentar abiertamente la
candidatura del vicepresidente Franco para reemplazar a Lugo en el
gobierno nacional), así como el alineamiento con los objetivos del
Plan Colombia de los ministros del Interior Rafael Filizzola y de
Relaciones Exteriores Héctor Lacognata. En particular el autor
denuncia que “Filizzola viajó varias veces a Colombia donde firmó
convenios de cooperación con el presidente saliente Alvaro Uribe (…)
para fortalecer la política de seguridad interna del Paraguay”.
En una postura diametralmente opuesta, el entonces ministro de Defensa
Nacional Luis Bareiro Spaini, rechaza la intromisión imperialista y
específicamente, en una nota remitida el 10 de agosto pasado al
canciller Lacognata se opone “al proyecto de Carta Acuerdo sobre la
Iniciativa en la Zona Norte (IZN) entre el gobierno de la República
del Paraguay y el gobierno de los Estados Unidos de América, para el
ingreso en territorio nacional de militares norteamericanos que no
estén en servicio activo, para tareas de inteligencia y
entrenamiento”.
“En síntesis –continúa Méndez Grimaldi- Estados Unidos pretende
ingresar al Paraguay elementos de su inteligencia, que no sean
militares en servicio activo, comúnmente denominados ‘mercenarios’ en
otros teatros de operaciones. El mecanismo libera al Ejército de
Estados Unidos de toda responsabilidad ante crímenes de lesa humanidad
cometidos últimamente en Irak, Afganistán y otras naciones agredidas
por el imperio norteamericano. En resumidas cuentas, se garantiza la
impunidad del personal de entrenamiento y de inteligencia”.
Finalmente la postura patriótica del ministro de Defensa es derrotada
y Bareiro Spaini, el 25 de agosto, es forzado a renunciar. Por esos
mismos días llega a Asunción el subsecretario adjunto de Defensa para
Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno de los Estados Unidos
de América, Dr. Frank Mora en una visita destinada a promocionar la
colaboración entre Estados Unidos y América en materia de seguridad.
Los diarios locales informaron que “Estados Unidos quiere reimpulsar
la cooperación (con Paraguay) en el área militar”. Eso mismo le dijo
Frank Mora a Fernando Lugo cuando fue recibido el 24 de agosto en el
Palacio de gobierno.
Poco después, Frank Mora y la embajadora Liliana Ayalde, se
trasladaron al Departamento Concepción y allí, entre otras cosas,
informaron en rueda de prensa sobre su interés en el proyecto de
cooperación IZN y la voluntad de Estados Unidos de seguir colaborando
en “programas para brindar seguridad y atención médica, además de
proyectos de producción agraria y creación de micro empresas”. Como
indica el trabajo de Méndez Grimaldi antes citado “Paraguay está en la
agenda de la expansión norteamericana, para la cual fue ampliado el
presupuesto de la USAID para el presente año”.
Además de los mencionados programas para el campo, la visita de Frank
Mora tuvo otro inquietante resultado: los ministros de Obras Públicas
y de Hacienda de Paraguay firmaron un acuerdo con la USAID, para la
asistencia técnica de la concesión al sector privado de los
aeropuertos del país. La Agencia invertirá en ello 391.000 dólares.
¿Qué empresas se beneficiarán con la privatización? ¿Por qué Estados
Unidos está interesado en los aeropuertos? Teniendo en cuenta la
experiencia argentina con la privatización, por ejemplo, de la
Fábrica Militar de Aviones de Córdoba (ahora nuevamente estatizada)
que en su momento fuera adjudicada a la norteamericana Lockheed Martin
, proveedora del Pentágono, no es difícil deducir que la beneficiaria
será alguna gran empresa imperialista. Pero hay algo más a tener en
cuenta y eso tiene que ver con los actuales proyectos geopolíticos del
imperio para cuya realización los Estados Unidos necesitan el control
político y militar de los grandes aeropuertos de la región, como
Mariscal Estigarribia, Palanquero, Palmerola, o Malvinas, como muchas
veces hemos denunciado.
Por cierto que estas notas no agotan el tema. Habrá que seguir con
atención el desarrollo de la situación y de los nuevos avances
intervencionistas. Pero algo puede afirmarse y es que las
consecuencias de los hechos descriptos pueden involucrar no solamente
a Paraguay sino a toda la región.

Buenos Aires, 1º de octubre de 2010

(*) RINA BERTACCINI, presidenta del Movimiento por la Paz, la
Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol), Argentina