Sobre el Código Urbanístico y el Código de Edificación
La Jueza Andrea Danas
dictó una medida precautelar ordenando la suspensión del tratamiento
legislativo de los proyectos de ley N° 849-J-2018 (Código Urbanístico) y 1058-J-2018
(Código de Edificación).
Ello hasta tanto la Legislatura y el Poder Ejecutivo informen
en el plazo de cinco días el estado parlamentario de los mismos, sus
antecedentes y si efectivamente se ha convocado a audiencia pública previo a su
tratamiento legislativo.
En la causa judicial caratulada "Arce,
Juan Alberto contra GCBA y otros sobre amparo - otros", Expte. N°
A13917-2018/0, la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y el Observatorio
del Derecho a la Ciudad (ODC) cuestionaron la omisión tanto del Poder Ejecutivo
como de la Legislatura de la Ciudad en convocar
y realizar la Audiencia Pública Obligatoria que dispone el art. 63 de la
Constitución de la Ciudad.
El 4 de abril de este año, el jefe
de Gobierno de la Ciudad remitió a la Legislatura el proyecto de ley N°
849-J-2018 que tiene por objeto aprobar el nuevo Código Urbanístico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el 19 de abril remitió el proyecto de ley N°
1058-J-2018 que tiene por objeto aprobar el Código de Edificación de la Ciudad.
De acuerdo al artículo 63 de la Constitución de la Ciudad es
obligatoria la convocatoria a audiencia pública “antes del tratamiento
legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano,
emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o
dominio de bienes públicos”.
La Jueza expresó en su fallo que "la suspensión del
procedimiento legislativo se presenta como una medida necesaria para preservar
los mecanismos de participación ciudadana garantizados constitucionalmente, y
compatibilizar los intereses en juego, hasta tanto el tribunal pueda evaluar la
procedencia de la medida cautelar solicitada, con mayores elementos de
juicio".
Las asambleas y organizaciones sociales desde que el GCBA
informó su decisión de aprobar el Código Urbanístico y un nuevo Código de
Edificación para la Ciudad cuestionaron que las
instancias de discusión y participación ciudadana no se cumplen o constituyen
una mera formalidad.
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